Los inversores acaparan sin hipoteca una de cada tres viviendas vendidas
El incremento de las compras al contado en el Estado español desde 2018 revela un mercado inmobiliario dominado por rentistas y especuladores, cuestionando las propuestas de "construir más".
Casi el 30 % de las viviendas adquiridas en el Estado español durante el último año se pagaron al contado, es decir, sin recurrir a préstamos hipotecarios. Según un estudio de la tasadora UVE Valoraciones basado en datos del INE, estas operaciones no financiadas han crecido de forma sostenida desde 2018, con la única excepción del año 2020, el año de la pandemia de la COVID-19. Esta tendencia consolida un sistema donde los grandes capitales y los inversores operan con independencia de las fluctuaciones de los tipos de interés, blindando su capacidad de adquisición frente al empobrecimiento de la clase trabajadora.
El informe detalla una fractura territorial profunda que responde a prioridades especulativas correlacionadas con el turismo. En provincias como Alacant y Málaga, el peso del inversor —tanto estatal como extranjero— provoca que solo se financien el 45,4 % y el 65,5 % de las compras, respectivamente. Esta acumulación de propiedades por parte de sujetos y entidades que no requieren de crédito bancario o acceden a vías de financiación externas presiona al alza los precios y facilita la expulsión de la población local por el encarecimiento de la vivienda.
Por el contrario, en los grandes centros urbanos donde se concentra la fuerza de trabajo, la dependencia del sector financiero es casi total. En Madrid, el 94,8 % de las adquisiciones requieren hipoteca, cifra que alcanza el 94,5 % en Bizkaia y el 87,6 % en Barcelona. El presidente de UVE Valoraciones, Germán Pérez Barrio, afirma que en estas zonas el usuario final necesita el crédito de forma "casi sistemática" para acceder a la vivienda habitual, lo que convierte a estas poblaciones en las más vulnerables ante el servicio de la deuda y las políticas de los bancos centrales.
La investigación también señala el impacto de la llamada "España vaciada", donde los precios bajos permiten el acceso a la propiedad sin endeudamiento en provincias como Teruel (37 % de compras financiadas) o Ávila (43,5 %). No obstante, la dinámica general apunta a que la vivienda se ha consolidado como un activo para quienes buscan darle una salida rentable a su capital acumulado vía inversión especulativa, especialmente en zonas turísticas, en lugar de cumplir su valor de uso como alojamiento.
Pérez Barrio advierte que las expectativas de subidas de tipos por la inestabilidad internacional, mencionando explícitamente la "guerra en Irán", podrían provocar una disminución en el número de hipotecas. Este escenario profundizaría la brecha de acceso, afectando más a las regiones con mayores dificultades de entrada y dejando que la vivienda se la apropien quienes poseen liquidez inmediata para acaparar los valores de uso básicos por encima de la capacidad de reproducción de la clase trabajadora.
En consecuencia, resulta absurdo plantear que "construir más" bajo las actuales bases jurídicas y políticas sea la solución al problema de la vivienda. Bajo las reglas de la economía de mercado, y especialmente en un entorno tan desregulado para el capital inmobiliario como es el Estado español, toda nueva vivienda que se edifica sale al mercado con precios altísimos y la expectativa de ganancia de los promotores, lo que la hace inaccesible para los salarios reales. Además, al no existir siquiera mecanismos que impidan el acaparamiento, la nueva oferta es sistemáticamente absorbida por el capital que cuenta con mayor liquidez, que la utiliza como valor de cambio para el alquiler, "valor refugio" o directamente para la especulación, retroalimentando la carestía y profundizando la exclusión de la mayoría social.
