El Estado y la propiedad privada religiosa consumaron este jueves 7 de mayo el desahucio de Mariano Ordaz, un trabajador jubilado que habitaba en el número 1 de la calle Carnero desde su nacimiento. La expulsión, que representa el quinto intento de desalojo contra este pensionista de 67 años, se llevó a cabo tras más de nueve horas de resistencia de militantes del Sindicato de Inquilinas un despliegue de entre 80 y 100 agentes de la Policía Nacional. Según informa elDiario.es, el propietario del inmueble es la Venerable Orden Tercera de San Francisco (VOT), una entidad religiosa que gestiona centenares de propiedades en la capital y que se negó a negociar un alquiler social, aunque Mariano percibe una pensión inferior a los 1.000 euros.

La represión policial fue la protagonista de la jornada, con un operativo que el Sindicato de Inquilinas de Madrid calificó de "brutal" y "lleno de irregularidades". Dos activistas se descolgaron de la fachada anclando su estructura a la puerta de entrada para impedir el acceso, poniendo sus vidas en riesgo ante el avance de los agentes. Según grabaciones difundidas por el Sindicato de Inquilinas y El Plural, un agente de la Policía Nacional llegó a sugerir la entrada violenta ignorando el peligro de caída: "¿Qué se cae uno? El siguiente ya no se volverá a colgar". Además, el sindicato denunció amenazas con bidones de gasolina y el intento de la policía de derribar la puerta sin esperar a la llegada de la comisión judicial, hecho recogido por Europa Press.

La propiedad justificó el desalojo alegando "la necesidad de realizar obras debido al deterioro estructural del edificio", que en noviembre sufrió el colapso del techo de la cocina. Sin embargo, el Sindicato de Inquilinas atribuye este estado de ruina al "abandono institucional" y al "rentismo religioso" que busca liberar inmuebles en zonas de alta presión especulativa como La Latina. Mariano Ordaz, quien trabajó durante años como personal de limpieza en el Hospital Gregorio Marañón, se enfrenta ahora a la exclusión residencial tras el fin de la moratoria de desahucios el pasado 28 de abril, responsabilidad directa del Gobierno central de Pedro Sánchez, según denunciaron las organizaciones sociales presentes.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Carolina Vilariño, señaló a los responsables políticos de esta situación: el delegado del Gobierno, Francisco Martín, por el dispositivo policial; y a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida por la falta de alternativas habitacionales en Madrid. Tras la detención de los activistas por "resistencia y desobediencia", Mariano tuvo que abandonar su casa bajo la lluvia con apenas una mochila y una bolsa, siendo recogido por el Samur Social para una incierta "solución provisional". El colectivo "Afectados por los curas" ha convocado movilizaciones para el 24 de mayo denunciando que la VOT mantiene procesos similares contra otras 40 familias.

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