Más de 8.000 personas sobreviven en la calle en Barcelona
Con 53 asentamientos repartidos por la ciudad, a la clase trabajadora se le complica cada vez más acceder a una vivienda.
La crisis de la vivienda en Barcelona ha cronificado una realidad alarmante. Miles de personas, muchas con trabajo e ingresos, se ven abocadas a sobrevivir en asentamientos, locales ocupados o tiendas de campaña ante la imposibilidad de acceder a una vivienda.
En total se calcula que más de 8.000 personas se encuentran en situación de sin hogar en la ciudad. Además de las cerca de 2.000 personas que duermen al aire libre, hay unas 400 en asentamientos y locales ocupados, unas 3.000 en equipamientos públicos o privados y 3.500 personas más que viven en alojamientos temporales de urgencia.
Las personas que sobreviven en los alrededores de la Ronda Litoral, en Montjuïc, en los polígonos de la Zona Franca o en descampados de la Sagrera comparten una precariedad extrema a pesar de la diversidad de sus trayectorias. Desde familias con menores, supervivientes de violencia de género, hasta recién llegados atrapados entre el racismo inmobiliario y unos salarios insuficientes para alquilar una habitación.
Antes de llegar a la calle, muchas personas han pasado por alquileres inasumibles, desahucios o viviendas inseguras. También por recursos temporales que no han conseguido garantizar una salida de la situación de sin hogar de forma estable.
La criminalización de los asentamientos y el efecto de dispersión
En diciembre se contabilizaron hasta 53 asentamientos de chabolas repetidos en la ciudad. Concretamente, la distribución era: un 38% situados en el distrito de Sant Andreu, un 21% en Sant Martí, un 17% en Nou Barris, un 13% en Horta-Guinardó, un 4% en Sarrià-Sant Gervasi y Gràcia, y un 2% en Ciutat Vella y Sants-Montjuïc.
Estos han sido en numerosas ocasiones expulsados por los diferentes gobiernos municipales. El caso más reciente es el desalojo de asentamientos en la Sagrera o la Zona Franca, alegando condiciones de infravivienda. Estas actuaciones, sin ofrecer alternativas residenciales, han desplazado geográficamente a las personas en situación de sin hogar. Al mismo tiempo, el discurso higienista punitivo criminaliza al colectivo sin alternativa de vivienda y alimenta los discursos de odio y la violencia hacia ellos.Mientras el relato institucional celebra la reducción de asentamientos desde 2020, el número de personas en situación de calle continúa aumentando.
Tener ingresos ya no garantiza el derecho a la vivienda
La realidad de personas sin techo que tienen ingresos del trabajo no es anecdótica. Según el último informe del Ayuntamiento de Barcelona y entidades sociales, en 2024 esta realidad correspondía al 13% de las personas que dormían en equipamientos públicos o privados dedicados a personas sin hogar.
La crisis de la vivienda se agrava de forma sostenida. La vivienda es ya para el capital una de las mercancías más rentables a través de la cual obtener beneficio. En la última década, la escalada de los alquileres ha llegado a absorber casi el 100% del salario de la clase trabajadora. Esta asfixia se está conjugando con el encarecimiento de la vida y una pérdida generalizada de poder adquisitivo. La situación de personas sin hogar es una realidad en aumento entre una capa más amplia de la clase trabajadora.
Esta tendencia muestra también el fracaso de las políticas de atención a estas personas. La Fundació Arrels y otras entidades han reiterado que los recursos actuales son insuficientes, no responden a sus necesidades y son incapaces de solucionar la crisis de la vivienda.
Mientras miles de pisos están vacíos, muchos de ellos en manos de grandes tenedores y fondos buitre para especular, miles de personas se ven abocadas a vivir en la calle.
