Este 9 de mayo se cumplen 50 años de la masacre de Montejurra (Nafarroa), cuando pistoleros fascistas italianos respaldados por el aparato del Estado franquista dispararon contra la concentración anual del Partido Carlista y asesinaron a dos personas e hirieron a una treintena, en otro oscuro episodio de la "modélica Transición española".

Aquel fatídico día, el Partido Carlista celebraba su tradicional romería en la montaña icónica del carlismo, convirtiéndose en un acto de masiva oposición al régimen saliente, en el que sectores juveniles rupturistas emergentes del carlismo reivindicaban el "socialismo autogestionario" y criticaban abiertamente la monarquía de Juan Carlos I. El entonces ministro de Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, junto al Gobierno de Carlos Arias Navarro, lo plantearon como "Operación Reconquista" o "Operación Montejurra" para poner fin a esa influencia revolucionaria amenazante para el régimen en las propias bases sociales históricas tradicionalistas que fueron un pilar importante del régimen desde el golpe de Estado y la Guerra Civil de 1936. Documentos desclasificados posteriormente, a los que tuvo acceso el diario Público, demuestran la implicación directa del Estado. El 19 de abril de 1976, el director general de Seguridad envió una misiva al gobernador civil de Navarra en la que le comunicaba: "Ha llegado el momento de que nos ocupemos de la concentración de Montejurra" . El plan consistía en contratar autobuses con fondos públicos, dotar de 2.000 "garrotas de campo" a los atacantes, sufragar la propaganda a cargo del Ministerio de Información y desplegar un fuerte dispositivo de la Policía Armada y la Guardia Civil con órdenes directas de no intervenir. También se contó con mercenarios internacionales: neofascistas italianos pertenecientes a Ordine Nero y Avanguardia Nazionale, argentinos de la Triple A y algunos reclutados por los servicios secretos DEC . Con el apoyo logístico del Estado, los atacantes –entre ellos miembros de Guerrilleros de Cristo Rey, Fuerza Nueva y UNE– abrieron fuego sin que la policía, pese a su despliegue, evitara los asesinatos. Ricardo García Pellejero (joven vecino de Lizarra) fue tiroteado en el Viacrucis, mientras que Aniano Jiménez (santanderino) cayó en Iratxe. A pesar de las evidencias gráficas y de que la Audiencia Nacional calificó los hechos como terrorismo en 2003, ningún responsable fue condenado. La Ley de Amnistía de 1977 extinguió la responsabilidad penal, dejando los crímenes en la más absoluta impunidad. En abril de 2026, el Parlamento navarro, con los votos de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, ha aprobado una resolución que reconoce a ambas víctimas como "víctimas del terrorismo practicado desde instancias del Estado y desde elementos de ultraderecha y fascismo". La Cámara foral ha solicitado al Gobierno español la desclasificación de todos los documentos relacionados con Montejurra, instando al Ejecutivo navarro a oficializar la zona como Lugar de Memoria y a organizar un acto institucional de recuerdo para este 9 de mayo. A pesar de este reconocimiento, las asociaciones memorialistas y el Partido Carlista denuncian que el Gobierno español, "el más progresista de la historia", sigue sin colaborar en la búsqueda de la verdad. Mientras el 50 aniversario pretende arrojar luz, la "Operación Reconquista" sigue siendo un símbolo de cómo el franquismo utilizó todos sus resortes para que todo quedara "atado y bien atado". A su vez, la masacre de Montejurra es un recuerdo de la fuerza de atracción que tuvieron de los movimientos obreros y socialistas, que llegaron a influenciar incluso en los espacios políticos tradicionales del régimen.

Solo la exigencia popular de justicia y el trabajo de investigadores han conseguido que, medio siglo después, al menos se empiece a nombrar a Montejurra como lo que fue: un crimen de Estado y un eslabón más en la cadena de la represión que la Transición prefirió olvidar.