Huelga docente indefinida contra los recortes en el País Valencià

Cerca de 78.000 docentes de la enseñanza pública del País Valencià iniciaron este lunes 11 de mayo una huelga general indefinida, la primera de este carácter desde 1988. El paro, convocado de forma unitaria por STEPV, CCOO, UGT, CGT, CNT, COS y el Consejo Sindical Obrero, ha paralizado la actividad en centros de Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional. Según los datos del sindicato mayoritario STEPV, el seguimiento ha alcanzado el 90% en la primera jornada, mientras que la Conselleria de Educación, dirigida por Carmen Ortí (PP), ha tratado de rebajar la cifra al 47% de los profesionales.

La protesta se materializó en manifestaciones masivas en València, Alacant, Castelló y Elche, donde miles de trabajadores denunciaron el "desmantelamiento de la educación pública" y el bloqueo de las negociaciones por parte de la Administración. Nacho Escandell, profesor en el IES Escultor Badía de Foios y miembro de la Assemblea de Docents Movem l’Horta Nord, ha calificado el seguimiento de "masivo", señalando en declaraciones recogidas por La Directa que "muchas escuelas están completamente cerradas, sin ningún profesor ni servicios mínimos". Por su parte, Beatriu Cardona, de STEPV, ha calificado la movilización de "éxito sin precedentes".

La plataforma exige recuperar el poder adquisitivo perdido por los docentes desde 2010 —estimado entre 300 y 500 euros mensuales—, reducir ratios a 15 alumnos en Infantil y 20 en Secundaria, y una dotación real de recursos para infraestructuras y atención a la diversidad. Hasta la fecha, los sindicatos denuncian que la única propuesta de la Conselleria ha sido un incremento de 75 euros brutos mensuales escalonados en tres años, oferta que consideran insuficiente ante la inflación y la pérdida de derechos acumulada. Asimismo, el sector exige que se termine con las aulas prefabricadas y que reparen los centros dañados por la DANA de 2024.

El conflicto se ha tensado por la imposición de servicios "mínimos" que los sindicatos han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) al considerarlos abusivos, ya que la Conselleria obliga al profesorado de 2º de Bachillerato a asistir a las evaluaciones finales, una medida que Inma Sellés, de la CGT, denuncia como una forma de "boicotear el derecho a huelga de todo un sector". Además, la presidenta de la federación de familias FAMPA-València, Elisabet García, ha tachado de "partidista" la carta enviada por la consellera Ortí a las familias, acusando a la institución de intentar "confrontar a la comunidad educativa" para desmovilizar el apoyo social a los docentes.

Las organizaciones sindicales y la Coordinadora de Asambleas de Docentes han advertido que mantendrán el pulso "hasta que dignifiquemos esta profesión". Mientras la Conselleria pide "cesiones" y critica el "ruido" de las protestas, la Plataforma per l’Ensenyament Públic y las convocatorias estudiantiles mantienen el llamamiento a las movilizaciones diarias. La huelga indefinida sitúa al Gobierno autonómico del Partido Popular y Vox ante un escenario de conflicto abierto en el tramo final del curso escolar, condicionado por la negativa de Educación a reabrir la Mesa Sectorial con propuestas que reviertan los recortes presupuestarios y laborales.

Esta huelga indefinida en el País Valencià evidencia una unidad sindical plena que contrasta con la situación en Catalunya. Mientras allí CCOO y UGT han fracturado la lucha al firmar un acuerdo con el Govern del PSC, en València las centrales mayoritarias se suman a los paros contra el gobierno de PP y Vox. Esta diferencia de posicionamiento según el color político de la administración ha generado críticas por el papel partidista de los sindicatos mayoritarios, que optan por la concertación o el conflicto en función de sus preferencias de interlocución institucional.