La Comunidad de Madrid desahucia a una vecina de Carabanchel en pleno San Isidro

La Policía Nacional y la comisión judicial han ejecutado este miércoles el desahucio de Ana, una vecina de Carabanchel organizada en el Sindicato de Vivienda de Carabanchel (SVC), cuya vivienda, originalmente de titularidad pública, fue transferida por la administración a manos privadas. El operativo policial ha comenzado poco antes de las 08:00 cortando la calle Camino Alto de San Isidro, a escasos metros de la pradera donde el municipio celebra las fiestas patronales. El SVC ha denunciado que la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid, bajo la gestión del Partido Popular, está impulsando un "proceso de desalojo masivo" del parque público en este barrio para favorecer el mercado especulativo.

El bloque afectado forma parte de los inmuebles construidos en los años 90 para realojar personas que viviían en una población chabolista, pero el SVC señala que la AVS está activando procesos de desalojo inminentes en toda la zona. En el caso concreto de Ana, la institución pública vendió el inmueble a un propietario particular, quien ha instado a expulsar a la familia a través de los juzgados. La organización del movimiento de vivienda advirtió en una nota de prensa que esta maniobra busca "vaciar el parque de vivienda pública para pasarlo al mercado privado", una tendencia que incluye también la venta de activos a fondos de inversión.

Durante la ejecución del desahucio, el SVC ha denunciado que la comisión judicial ni siquiera se ha presentado para permitir una interlocución, dejando la decisión final y el uso de la fuerza en manos de los mandos policiales. "La policía es quien va a decidir y ejecutar el desahucio", señalaban fuentes del sindicato, calificando la actuación como una muestra de que las instituciones "quieren expulsar a la clase trabajadora de sus barrios" mientras se mantiene el foco mediático en las celebraciones festivas de la capital.

La organización subraya que el desahucio de Ana no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una crisis de acceso a la vivienda agravada por la existencia de casas públicas vacías y tapiadas en los mismos bloques mientras las listas de espera de adjudicación siguen bloqueadas. Según datos del propio sindicato, actualmente existen "una decena de casos organizados con situaciones similares" solo en esa calle. Tras la finalización del operativo, han reafirmado que "la vivienda pública sigue siendo parte del negocio de la vivienda" y llaman a la organización independiente de los trabajadores para frenar las próximas cinco ejecuciones previstas para el día 19 de mayo en el distrito de Tetuán.