El Gobierno de Zaragoza aprueba multas de hasta 3.000 euros a personas sin hogar por dormir en los parques
La ‘guerra contra los pobres’ del PP y Vox persigue la supervivencia en el espacio público con sanciones económicas a personas desempleadas, migrantes y desfavorecidas.
El Gobierno de Zaragoza, compuesto por el PP y apoyado de forma mayoritaria por Vox, aprobó este jueves el proyecto de la nueva Ordenanza Cívica y de Convivencia Ciudadana. Según recogen las informaciones de los medios AraInfo y elDiario.es, esta normativa recupera el planteamiento de la antigua Ordenanza sobre Protección del Espacio Urbano de 2008 —derogada en 2014 tras años de contestación vecinal— e incrementa la presión punitiva contra las capas sociales más vulneradas. El nuevo texto legal contempla multas que oscilan entre los 50 y los 3.000 euros para un total de 47 conductas catalogadas como “infracciones”, persiguiendo activamente la presencia y la supervivencia de las personas en la vía pública.
La regulación municipal introduce sanciones de hasta 3.000 euros por el “uso del césped y zonas verdes” para dormir, ya sea “de forma individual o grupal”. Esta medida de asfixia económica contradice de forma directa la participación del propio Ayuntamiento de Zaragoza en la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinhogarismo en España 2023-2030, documento que establece explícitamente que las personas sin hogar “no deben ser criminalizadas”. Asimismo, la ordenanza veta la actividad del "top manta", la limpieza de parabrisas, la venta de pañuelos en los semáforos “a cambio de una cantidad de dinero o donativo” y persigue la denominada “mendicidad coercitiva”, transfiriendo la responsabilidad de la pobreza extrema a quienes la padecen.
La alcaldesa del municipio, Natalia Chueca, defendió la legalidad de los castigos argumentando que “la calle no es para dormir y hay espacios para que las personas que no tienen un hogar puedan tener un lugar donde dormir”. Según declaraciones recogidas de la regidora, el objetivo es “evitar que vuelva a repetirse lo que pasó, por ejemplo, en el Parque Bruil hace unos meses”, justificando la norma como un “instrumento legal que permita a la Policía Local actuar con garantías para poder invitar a esas personas a que vayan al albergue municipal”. Por su parte, la portavoz de Vox, Eva Torres, valoró la iniciativa municipal de forma positiva, señalando que la propuesta parte de una moción de su grupo de mayo de 2025 y celebrando la prohibición de acceder a edificios públicos con burka o niqab, una restricción identitaria que solicitó su partido el pasado mes de febrero “ante el incremento de vestimentas y prendas sin arraigo en España”.
Las reacciones de la oposición institucional y de los movimientos sociales coincidieron en señalar el carácter clasista y segregador de la reforma. La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, denunció que las sanciones a personas sin hogar constituyen “un ejemplo claro de odio al pobre” y criticó que el Gobierno local no busca solucionar los problemas, sino “solo recaudar a costa de quienes menos tienen”. Desde el PSOE, su portavoz Lola Ranera reprochó que “la falta de diálogo” con las asociaciones vecinales y cuestionó la viabilidad material de las multas: “¿De verdad se cree Natalia Chueca que esas personas que duermen en la calle van a poder pagar una sanción de 3.000 euros? ¿No entiende Chueca que si tuvieran ese dinero estarían viviendo en una casa?”.
Además de la persecución al sinhogarismo y a los trabajadores informales, la normativa antiproletaria restringe el uso colectivo del espacio urbano mediante la prohibición de los botellones de tres o más personas —catalogado como “infracción grave” con multas de hasta 1.500 euros— y el veto a los “eventos ilegales” multitudinarios, haciendo responsables solidarios a los organizadores y difusores en redes sociales. La ordenanza municipal, que inicia ahora su tramitación pública y política con el propósito del consistorio de que entre en vigor “lo antes posible”, restringe también las libertades individuales en celebraciones como las despedidas de soltero, prohibiendo el “uso de ropa o complementos que representen genitales del ser humano o con muñecos de carácter sexual”, e imponiendo penalizaciones de hasta 750 euros por caminar en ropa interior o desnudo por la vía pública.
