Radiografía del lobby energético estadounidense
Con inversiones de 445 millones de dólares solo durante la campaña de Trump, la ‘Big Oil’ dicta el marco legal para proteger sus beneficios.
La inversión en influencia política por parte de la industria de los combustibles fósiles, conocida globalmente como Big Oil, se ha consolidado como un activo financiero estratégico de alta rentabilidad y una influencia política desmedida. Las auditorías detalladas y los registros oficiales de transparencia en Estados Unidos demuestran cómo las corporaciones energéticas inyectan sumas multimillonarias con objetivos muy concretos: retrasar los calendarios de descarbonización, diluir los estándares de emisiones y asegurar mercados rentables para sus infraestructuras tradicionales. Este fenómeno no se limita a la difusión de propaganda, sino que altera directamente la redacción de las leyes a través del llamado lobbying, esto es, cuando un puñado de empresas “persuaden” a los legisladores para que actúen a favor de los intereses económicos de su corporación.
El despliegue de capital político en el mercado estadounidense ha alcanzado magnitudes históricas, estructurándose de forma coordinada tanto en la arena electoral federal como en las legislaciones de estados clave. Según el informe cuantitativo publicado por la organización Climate Power, la influencia financiera total de la industria del petróleo y el gas en el último ciclo electoral ascendió a la cifra de 445 millones dólares. Este flujo de dinero se fragmentó meticulosamente para cubrir todos los niveles del poder político.
En primer lugar, las corporaciones fósiles gastaron más de 96 millones de dólares en donaciones directas para financiar la campaña presidencial de Donald Trump entre enero de 2023 y noviembre de 2024, consolidando alianzas en encuentros privados en Mar-a-Lago con magnates petroleros de firmas como Continental Resources, Energy Transfer Partners y Hilcorp Energy Co. En segundo lugar, ejecutaron un gasto directo de más de 243 millones dólares en acciones específicas de presión en el Congreso para condicionar las prioridades legislativas y asegurar la confirmación de nombramientos en el gabinete presidencial, donde destacan perfiles como Lee Zeldin para liderar la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el organismo público encargado de regular la contaminación, tras haber aceptado más de 400.000 dólares en regalos de este sector. En tercer lugar, se destinaron 80 millones de dólares a campañas de publicidad corporativa operadas por entidades sectoriales para atacar normativas de eficiencia en electrodomésticos y campañas de fomento de vehículos eléctricos.
Este apoyo financiero se extendió hacia las carreras del partido republicano en las cámaras legislativas, regalando casi 15 millones de dólares a miembros de la Cámara de Representantes, algo más de un millón de dólares a sus nuevos aspirantes y unos 464.000 dólares a otros candidatos en disputa. En el Senado, las aportaciones sumaron más de 5 millones de dólares para legisladores en funciones, más de 2,2 millones de dólares para senadores entrantes y casi 930.000 dólares para competidores de la cámara alta, sumando otros 559.000 dólares dirigidos a gobernadores estatales.
El caso de California
A nivel estatal, la actividad de presión alcanzó niveles críticos en California para frenar el paquete legislativo de remediación ambiental Make Polluters Pay (Hacer pagar a los contaminadores). Las compañías de petróleo y gas gastaron 38 millones de dólares en un solo año, quebrando el récord histórico anual previo de 26,2 millones establecido en 2017, un 45% más. Solo en el cuarto trimestre invirtieron 6,6 millones de dólares en la capital estatal, Sacramento, elevando el gasto acumulado a 65,8 millones de dólares, frente a los 44,1 millones del periodo 2017-2018.
La Western States Petroleum Association (WSPA) y Chevron concentraron el 83% de todo el gasto del sector en el estado, inyectando 31,6 millones de dólares entre ambos. El resto del gasto principal provino de CRC/Aera Energy con 2,1 millones, Marathon Petroleum con 1,5 millones y Phillips 66 con más de 876.000 dólares.
Durante el último trimestre de 2024, Chevron diversificó su capital inyectando cerca de 426.000 dólares a la WSPA, más de 231.000 dólares a la organización Californians for Energy Independence y más de 77.000 dólares a la firma de relaciones públicas DDC Public Affairs, una entidad especializada en crear organizaciones pantalla. Estas agrupaciones, conocidas bajo el fenómeno del astroturfing, operan simulando ser movimientos civiles espontáneos que "defienden la economía familiar", pero en realidad están financiadas en la sombra por las corporaciones para difundir desinformación climática, como las campañas lanzadas en redes sociales tras los devastadores incendios forestales de Los Ángeles culpando falsamente a las leyes medioambientales del encarecimiento de la energía.
Toda esta maquinaria de presión se concentró en bloquear reformas drásticas como la ley AB 1866 sobre pozos inactivos, la AB 2716 para pozos de baja producción y la AB 3233, que reafirma la autoridad local para prohibir perforaciones, o la ley AB 1497, que exige a las corporaciones asumir los costes de reconstrucción tras desastres meteorológicos y que fue bloqueada temporalmente por la presión e influencia de estas empresas.
Repsol: entre Caracas y vacíos legales en Madrid
Según una investigación publicada por elDiario.es, la estrategia de inversión en influencia política en Estados Unidos no es exclusiva de las corporaciones locales; grandes firmas europeas como la española Repsol han intensificado drásticamente su actividad de influencia. Durante el año 2025, coincidiendo con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la petrolera marcó un récord histórico al destinar 1,46 millones de dólares a actividades de lobby en suelo estadounidense, lo que representa un incremento del 15,8% frente a los 1,26 millones de 2024, y contrasta radicalmente con los 200.000 dólares que invertía en 2015.
Esta ofensiva financiera está acompañada por el gasto de otras multinacionales españolas en el país, como Grifols (480.000 dólares), Ferrovial (220.000 dólares) o la filial estadounidense de Iberdrola, Avangrid (90.000 dólares). La tendencia alcista se ha consolidado en el primer trimestre de 2026, alcanzando un nuevo techo de gasto directo trimestral de 280.000 dólares, a los que se suman 60.000 dólares abonados al bufete especializado Dentons.
Este despliegue de capital ha permitido a la compañía, a través de intermediarios como Dentons y Bracewell, acceder por primera vez de forma directa a la Oficina de la Casa Blanca, un objetivo inédito en sus registros oficiales que se suma a sus contactos habituales en el Senado, la Cámara de Representantes y el Departamento de Energía. En los últimos 15 años, Repsol ha invertido 21.000 millones de dólares en territorio estadounidense, operando 1.966 pozos productivos de crudo y gas natural, de los que extrajo 67 millones de barriles, el 33,5% de su producción neta mundial. Esto evidencia la asimetría fiscalizadora, los fondos en Washington superan ampliamente los menos de 900.000 euros anuales que la empresa declara en el Registro de Transparencia de la Unión Europea; una rendición de cuentas que resulta inexistente en el Estado español, donde la actividad de influencia y presión sigue sin estar regulada y el proyecto de ley para su control permanece estancado en el Congreso.
La principal urgencia geopolítica detrás de esta maquinaria de presión radica en salvaguardar sus intereses financieros en Venezuela, donde la petrolera mantiene retenidos más de 4.500 millones de dólares entre facturas comerciales por cobrar y créditos pendientes con la compañía estatal PDVSA.
