La Justicia condena a la revista 'El Jueves' por una sátira y da la razón a Abogados Cristianos
La magistrada impone una multa de 6.000 euros al considerar que la conclusión del reportaje satírico "sobrepasó los límites de la libertad de expresión".
Una magistrada de Valladolid ha dictado una sentencia en la que condena a la revista satírica El Jueves por "vulnerar el derecho al honor" de la presidenta del lobby ultraderechista Abogados Cristianos, Polonia Castellanos. El fallo judicial impone a la publicación una indemnización total de 6.000 euros, distribuidos en 2.000 euros para la entidad y 4.000 euros para su dirigente, a raíz de un reportaje publicado en enero de 2025 en el que se la nombraba "Gilipollas del año 2024". La resolución, según ha adelantado elDiario.es tras tener acceso al documento legal, será recurrida por la defensa de la revista ante la Audiencia Provincial de Valladolid.
La jueza encargada del caso, María Vanesa Díez, determinó en su argumentación que, si bien la mayor parte del reportaje gráfico se enmarca dentro del humor y la parodia, el texto de la última viñeta "constituye una intromisión ilegítima desproporcionada". La frase en cuestión concluía calificando a los aludidos como "personas mezquinas y egoístas que buscan enfangar el bien común", lo que a criterio de la magistrada "sobrepasa el ámbito amparado constitucionalmente por la libertad de expresión".
Por el contrario, la resolución judicial desestimó las reclamaciones de Abogados Cristianos respecto al resto del contenido de la sección, elaborada originalmente por el humorista gráfico Pedro Vera como un recopilatorio anual. Frases paródicas atribuidas a Castellanos en las viñetas, tales como las peticiones de inclusión en el Código Penal de "todo aquello que le molesta", fueron consideradas por la jueza como el reflejo legítimo de una opinión satírica "desprovista de un ánimo ofensivo per se".
Este proceso judicial representa una estrategia alternativa por parte de la Fundación Abogados Cristianos, que en esta ocasión optó por acudir a la vía civil en lugar de la penal, donde sus anteriores querellas contra diversas expresiones artísticas y culturales habían terminado sistemáticamente en archivo. Expertos jurídicos consultados sobre este fenómeno señalan que este tipo de acciones legales persiguen un efecto disuasorio contra la crítica mediática, aprovechando que la vía civil ofrece un encaje técnico diferente frente a la primacía penal de la libertad de expresión, un derecho formalmente fundamental.
