Inspección de Trabajo aprecia una cesión ilegal de trabajadores en UGT Madrid

La Inspección de Trabajo de Madrid ha emitido un informe oficial en el que aprecia indicios de una cesión ilegal de trabajadores en UGT Madrid, por lo que ha propuesto una sanción, no firme aún, de 60.000 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario. Se trata de profesionales dedicados a la defensa de los derechos laborales contratados por la central sindical que estaría vulnerando los propios derechos que reivindica.

La propia Inspección concluye que existía una "confusión total de plantillas", ya que los abogados contratados formalmente por Civex y los contratados directamente por UGT realizaban exactamente las mismas funciones, compartían expedientes, consultas, procedimientos judiciales, medios materiales y organización interna; siendo UGT quien asigna los asuntos, controla las agendas, imparte instrucciones y ejerce el control diario de la actividad jurídica.

La situación resulta especialmente significativa ya que UGT únicamente contaba con dos abogados contratados directamente por cuenta ajena, mientras que el grueso de la actividad jurídica ordinaria era asumido por una plantilla de doce abogados contratados a través de Civex. Según recoge la Inspección, estos profesionales desarrollan una actividad estructural y permanente dentro de la asesoría jurídica sindical, atendiendo consultas, tramitando demandas, negociando conflictos laborales y asistiendo a juicios como parte esencial del funcionamiento ordinario del sindicato.

Por ello, la Inspección concluye que Civex no ejercía de manera efectiva las funciones inherentes a un verdadero empleador y que la organización y dirección real del trabajo correspondía a UGT, limitándose Civex a actuar únicamente como una pantalla formal encargada del abono de salarios y cotizaciones.

Al parecer, el sindicato se negaría a reconocer a estos abogados laboralistas como personal propio, manteniendo una posición que busca eludir responsabilidades contractuales directas, como la aplicación del Convenio colectivo marco de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, ampliamente reivindicado por el propio sindicato en otros contextos. La gravedad del asunto es especialmente relevante porque la cesión ilegal está considerada una infracción muy grave conforme a la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social). 

Además, la cuestión no se detiene en la posible cesión ilegal, sino que la Inspección de Trabajo ha abierto una vía paralela en materia de prevención de riesgos laborales al constatar "condiciones indignas". 

Carga de trabajo 

La situación se torna especialmente grave si se tiene en cuenta las cargas de trabajo que soportan: una media de 350 expedientes abiertos al año y la preparación de unos 150 juicios anuales por profesional, bajo altos niveles de presión. Utilizando de manera fraudulenta la jornada parcial, además, las personas trabajadoras denuncian que, a diferencia de lo que venía ocurriendo de forma habitual en años anteriores, el despacho dejó de ampliar las jornadas parciales una vez superado el período de prueba de seis meses. Los afectados consideran que esta decisión coincide con el conflicto derivado de la cesión ilegal y que la parcialidad se habría utilizado como un "mecanismo de represalia".

Por otro lado, la falta de digitalización efectiva de los procedimientos obliga a los trabajadores a manejar expedientes exclusivamente en formato papel, transportando cargas de peso desproporcionado en bolsas o en mano ante la insuficiencia de mochilas facilitadas, con el consiguiente riesgo de pérdida, extravío o deterioro de documentación confidencial, especialmente en días de lluvia.

Comidas a la intemperie por falta de espacio 

Las condiciones de trabajo denunciadas alcanzan extremos que rozan lo inverosímil en una organización que dice trabajar "en defensa de los derechos laborales": carecen incluso de espacios adecuados para comer o descansar durante las dos horas de espera entre turnos, lo que les obliga a comer en la calle, haga calor, lluvia, nieve o granizo. 

La Inspección de Trabajo constata, además, jornadas superiores y perjuicios económicos respecto a las condiciones aplicadas al personal interno de UGT.

El conflicto ha derivado ya en la judicialización del caso, con demandas presentadas por los afectados en las que reclaman su reconocimiento como trabajadores de UGT, que sus condiciones se ajusten a la legalidad vigente, las diferencias salariales correspondientes, daños profesionales derivados de la situación sufrida y las responsabilidades por la cesión ilegal. Las cantidades reclamadas en conjunto por los trabajadores ascienden a varios cientos de miles de euros.

Quienes dicen velar por el cumplimiento de la normativa laboral se enfrentan ahora a este procedimiento por vulnerar derechos de sus propios trabajadores. Pese al acta de infracción y las demandas en curso, la posición mantenida hasta ahora por UGT ha sido negar la existencia de la cesión ilegal y rechazar el reconocimiento de la plantilla afectada, lo que previsiblemente continuará ampliando el conflicto judicial, económico y laboral en los próximos meses.