Una investigación ha permitido desarticular por completo una organización delictiva dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La intervención judicial y policial se ha saldado con la detención de dos personas y el registro simultáneo de tres inmuebles. Los operativos se concentraron principalmente en los municipios de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, y en Estepona, situado en la provincia de Málaga. Más allá del desmantelamiento de la red, en una de las viviendas registradas en la localidad malagueña se encontró a un menor de apenas 21 meses de edad, que tuvo que ser ingresado de urgencia en un centro sanitario tras dar positivo en un análisis de cocaína y presentar un cuadro médico grave.

Los detenidos captaban de manera sistemática a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad y necesidad económica, principalmente migrantes, tanto en sus territorios de origen como tras su llegada a al Estado español. Una vez que las víctimas se encontraban bajo el control de la organización, eran trasladadas en primera instancia a la provincia de Málaga y, con posterioridad, reubicadas en diferentes pisos de citas de Jerez de la Frontera. Las pesquisas han permitido identificar formalmente a un total de ocho mujeres afectadas, a quienes imponían deudas ficticias de hasta 5.000 euros en concepto de “costes de traslado y gestión logística”, obligándolas además a entregar el 50% de todos los beneficios económicos derivados de los servicios sexuales.

Los investigadores constataron que la vivienda presentaba unas condiciones de insalubridad extremas, hallando restos de sustancias estupefacientes al alcance directo del lactante de 21 meses. Ante la flagrancia del peligro, se activó de inmediato el protocolo de protección de menores, trasladando al niño a un hospital donde los médicos confirmaron, además de la presencia de cocaína en el organismo, sintomatología compatible con el síndrome de abstinencia de estupefacientes.

De manera paralela, los registros efectuados en los inmuebles de Jerez de la Frontera desvelaron las condiciones de hacinamiento y deshumanización extrema a las que eran sometidas las ocho víctimas de la red de trata. Las mujeres carecían de privacidad o derechos básicos, viéndose obligadas a compartir la misma cama tanto para sus periodos de descanso como para ser violadas. La organización imponía jornadas de prostitución forzosa durante las 24 horas del día, denegando cualquier tipo de descanso semanal y manteniendo a las mujeres controladas mediante un circuito cerrado de cámaras de seguridad instalado de forma estratégica en el interior de las habitaciones y las zonas comunes de los inmuebles.