Presos políticos saharauis inician una huelga de hambre masiva en cárceles marroquíes
El grupo de Gdeim Izik y el activista Naama Asfari lideran una protesta contra las torturas sistemáticas, el abandono sanitario y el incumplimiento de los dictámenes de la ONU, señalando la complicidad de Madrid.
Una ola de huelgas de hambre coordinadas sacude actualmente las prisiones marroquíes, donde los presos políticos saharauis han intensificado su movimiento para responder con firmeza a la negligencia médica sistemática y a la persistente negativa de Rabat a cumplir con los mandatos de las Naciones Unidas relativos a sus derechos humanos y su inmediata liberación. Estas huelgas prolongadas representan un desafío directo frente al silencio de la comunidad internacional y la complicidad directa del Estado español. Lejos de garantizar las condiciones mínimas, las autoridades penitenciarias marroquíes sabotean activamente estas protestas impidiendo el seguimiento de la evolución de salud de los reclusos, un patrón de aislamiento extremo que sufren actualmente Salah Eddine Sabbar, Brahim Babait e Ibrahim Ahmed Al-Arbi, conocido como Fartat, de quien se ignora su paradero y condición física desde que inició una huelga indefinida el pasado 17 de mayo en la prisión de Bouizakarn.
Esta escalada represiva afecta de forma directa al renombrado defensor de los derechos humanos Naama Asfari, quien cumple una injusta condena de 30 años de prisión y comenzó una huelga de hambre indefinida el 8 de junio, tras realizar varios ayunos de advertencia en abril y mayo. En una contundente acción de solidaridad, todo el grupo de Gdeim Izik acompañó a Asfari en su huelga durante los días 16 y 17 de junio. Su esposa, la activista francesa Claude Mangin, definió este paso como la última oportunidad para romper un bloqueo diplomático que se prolonga ya por tres años, especialmente después de que en 2023 el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, mediante su Opinión 23/2023, declaró ilegal la detención del grupo de Gdeim Izik y exigió su liberación inmediata, una decisión vinculante que Marruecos sigue ignorando deliberadamente. Mangin recalcó que esta huelga constituye una necesidad absoluta para hacer frente a la detención arbitraria y las torturas que sufren los prisioneros de Gdeim Izik.
Al mismo tiempo, la Asociación de Amigos de la República Saharaui en Francia (ARASD) lidera una campaña de incidencia internacional ante los observadores mundiales de los derechos humanos y el enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura. La asociación puso de manifiesto la existencia de más de diez decisiones del Comité de la ONU contra la Tortura (CAT) que condenan formalmente a Marruecos, destacando el dictamen histórico de 2016 que confirma que las confesiones de Asfari fueron obtenidas bajo tortura. El ensañamiento del sistema penitenciario se evidencia en casos de grave negligencia médica en varios establecimientos, como el de Mohamed Bani, quien realizó una huelga de 48 horas para protestar contra la denegación de atención para su hipertensión grave y enfermedad renal, además de la cruel prohibición de visitar a su madre en estado terminal.
Abdeljalil Laaroussi completó una protesta de 48 horas a principios de mes contra el abandono médico deliberado tras una compleja cirugía de colon, tras haber sido sometido a un penoso traslado de 350 kilómetros desde la prisión de Tan-Tan hasta un hospital de Agadir para ser devuelto el mismo día sin recibir asistencia alguna. Por su parte, Abdullah Toubali y Mohamed Khouna Babit mantuvieron un ayuno de advertencia de dos días para exigir la ejecución de las órdenes de liberación de la ONU, mientras se teme por la vida de Ibrahim Ahmed Al-Arbi debido a tres cirugías de columna derivadas de las torturas sufridas en el pasado.
Complicidad española
La gravedad de la situación trasciende los muros carcelarios y expone directamente la responsabilidad de las sucesivas administraciones españolas en la cobertura geopolítica brindada a Marruecos. Un documento oficial publicado por el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) acusa nominalmente a los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, así como al actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de cometer una “traición histórica” respecto a las obligaciones legales de Madrid como antigua potencia administradora del Sáhara Occidental. El MPPS denuncia con especial dureza a Zapatero, a quien califica como “un lobbyista activo a favor del plan de autonomía marroquí”, señalando que el consenso político español ha restado importancia a las violaciones de los derechos humanos en los foros internacionales, garantizando así un clima de total impunidad para las autoridades marroquíes.
Con el respaldo de investigaciones de medios independientes y de Frontera D, el texto concluye que esta protección política europea es el motor que cataliza el endurecimiento de la represión contra los detenidos saharauis, quienes se ven obligados a poner en riesgo su propia salud para forzar a la comunidad internacional y al Gobierno español a asumir “sus responsabilidades legales y morales de una vez por todas”
