El proceso judicial por la brutal agresión sufrida por un joven en las inmediaciones de la discoteca Zentral, ubicada en el Casco Viejo de Iruñea (Nafarroa), avanza hacia la celebración de la vista oral con peticiones de pena que oscilan entre los tres y los seis años de prisión para los acusados. Los hechos investigados se remontan al pasado 23 de septiembre de 2023, fecha en la que cuatro personas, entre las que se incluyen tres miembros del Ejército español destinados en Nafarroa, propinaron una severa paliza a la víctima, causándole lesiones de extrema gravedad.

0:00
/0:41

Video: ahotsa.info

Según consta en los informes de las diligencias practicadas por la Policía Foral, el agredido tuvo que ser ingresado de urgencia en un centro hospitalario debido a las múltiples fracturas sufridas durante la agresión, precisando someterse a una intervención quirúrgica para su estabilización. A pesar de la violencia del ataque, tipificado inicialmente como un presunto delito de lesiones graves, los implicados no fueron arrestados de forma inmediata por sus compañeros policías. Los agresores, que en el momento de los hechos tenían edades comprendidas entre los 28 y los 32 años, acudieron voluntariamente a las dependencias policiales casi un mes después del suceso, tras haber sido formalmente citados. Tras prestar declaración, las cuatro personas investigadas fueron puestas en situación de libertad provisional a la espera del desarrollo de la instrucción judicial.

La agresión, que se mantuvo bajo estricta reserva hasta que se produjeron las comparecencias en comisaría, adquirió una gran relevancia pública tras la difusión de un vídeo de los hechos en diversas plataformas de redes sociales, lo que desató una ola de indignación. El caso ha reabierto el debate en el entorno social y político navarro en comparación con otros procesos judiciales relacionados con “peleas” recordándose de forma habitual las severas condenas impuestas en su día a los jóvenes de Altsasu, cuyas penas, incialmente por “terrorismo”, resultaron notablemente superiores a las peticiones fiscales que afrontan actualmente los militares implicados. Por el momento, el tribunal encargado del caso no ha fijado la fecha definitiva para el inicio del juicio.