Aristotelis Chantzis hospitalizado de urgencia tras 138 días en huelga de hambre
El gobierno de Ática mantiene su rechazo a dialogar con la comunidad autogestionada de Prosfygika a la que quiere desahuciar, que alberga a más de 400 personas vulnerables.
La emblemática comunidad autogestionada de Prosfygika, un histórico complejo de viviendas ubicado en la Avenida Alexandras, en pleno centro de Atenas, se encuentra inmersa en una grave crisis humanitaria y judicial tras la orden de desalojo promovida por las autoridades griegas. En un intento extremo por frenar la desaparición del asentamiento, dos de sus residentes, Aristotelis Chantzis y Suzon Doppagne, permanecen en huelga de hambre estricta desde el pasado 5 de febrero y 1 de mayo, respectivamente. Según los informes emitidos por el equipo médico que los asiste en el lugar, el estado de salud de ambos huelguistas es crítico, poniendo en riesgo sus vidas para visibilizar lo que la comunidad califica como “una flagrante injusticia cometida por las instituciones contra los más de 400 habitantes del recinto”.
El conflicto se originó formalmente a raíz de la Decisión Número 864/2025, adoptada el 6 de junio de 2025 por el Comité Regional de la Región de Ática. Dicha resolución aprobó un Convenio Programático de Desarrollo Cultural para la “restauración” de cuatro bloques de Prosfygika con destino, supuestamente, a vivienda social, contando con el respaldo inicial del Ministerio de Cultura de Grecia y el Servicio Público de Empleo. No obstante, los portavoces vecinales y los asesores jurídicos del caso denuncian que el documento oficial describe de manera deliberadamente falsa el complejo como un “espacio deshabitado o vacío”, omitiendo por completo la presencia de las familias, migrantes, ancianos, personas con enfermedades crónicas y más de cincuenta niños que residen legalmente y mantienen el entorno desde hace casi veinte años. El barrio, construido originalmente en 1933 para acoger a los refugiados de Asia Menor y reconocido formalmente como monumento protegido por su arquitectura Bauhaus, cuenta actualmente con 22 estructuras sociales operativas gestionadas de forma asamblearia, incluyendo comedores de apoyo mutuo, guarderías, una biblioteca y un centro de atención médica que asiste a pacientes oncológicos.
Expertos legales y técnicos que respaldan a los residentes han señalado severas irregularidades procedenciales que invalidarían la legalidad del plan institucional de evacuación, el cual ya ha sido defendido públicamente en los medios de comunicación por representantes gubernamentales como el portavoz oficial P. Marinakis. Entre las anomalías detectadas destacan la falta de resolución sobre el estatus de propiedad real de los inmuebles, modificaciones no autorizadas en la estructura de financiación con cargo a los fondos del Marco de Referencia Estratégico Nacional de la Unión Europea y una flagrante incompatibilidad entre el proyecto actual y el estudio de restauración técnica aprobado oficialmente en 2018. Ante este escenario, la comunidad ha presentado una queja formal ante el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, alegando la violación sistemática del derecho a la inviolabilidad del hogar, la dignidad humana y el derecho a un juicio justo.
La oposición al desalojo forzoso ha sumado un amplio apoyo a nivel estatal e internacional frente al hermetismo de la administración de la Región de Ática. Sindicatos, organizaciones académicas, miles de ciudadanos y entidades como Amnistía Internacional Grecia han solicitado formalmente la congelación de los planes urbanísticos hasta que se implementen las salvaguardas de derechos humanos pertinentes. Asimismo, el Ayuntamiento de Atenas aprobó una resolución institucional exigiendo la suspensión de las obras, la apertura de un proceso de consulta pública transparente y la protección explícita de los habitantes actuales. En el ámbito parlamentario, se han registrado cuatro interpelaciones dirigidas al Parlamento heleno, la última de ellas con fecha del 30 de abril de este periodo, instando al Gobierno a ejercer controles rigurosos sobre la transparencia en el uso de los fondos comunitarios europeos. Del mismo modo, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Padua ha abierto un caso de estudio formal para monitorizar las posibles vulneraciones jurídicas.
A pesar de la creciente presión social y de las solicitudes formales de comparecencia, las autoridades regionales de Ática han rechazado “tajantemente” reabrir el debate. Durante la sesión del Consejo Regional celebrada el pasado 27 de abril, la presidencia del organismo denegó la inclusión de esta problemática en el orden del día, manifestando de manera explícita que la administración considera el asunto “completamente zanjado” y desestimando las peticiones de diálogo de los observadores internacionales. Por su parte, la asamblea vecinal, constituida bajo la denominación legal de Vecinos y Amigos de Prosfygika de la Avenida Alexandras, mantiene la exigencia de revocar de inmediato la decisión regional y reclama que cualquier proceso de rehabilitación del patrimonio arquitectónico sea ejecutado de manera autónoma por la propia cooperativa comunitaria empleando sus propios recursos financieros, rechazando de forma categórica la inversión de fondos públicos destinados a la gentrificación o exclusión social de sus legítimos ocupantes.
