Sentencias de hasta 100 años de prisión contra ocho activistas en Texas
EEUU eleva al rango de “amenaza existencial” al antifascismo y desata una oleada de represión y persecución política contra periodistas y organizaciones de apoyo a migrantes.
En el marco de criminalización del antifascismo en Estados Unidos, un tribunal del estado de Texas ha condenado a penas de entre 30 y 100 años de prisión a ocho manifestantes que participaron en una protesta frente al Centro de Detención Prairieland del ICE el pasado 4 de julio. Entre los sentenciados se encuentran un profesor de escuela secundaria, un estudiante universitario, un ingeniero y un empleado de la corporación postal UPS, procesados inicialmente por “daños a cámaras de seguridad y pintadas en el recinto”. El dictamen más severo fue impuesto a Benjamin Song, condenado a un siglo de cárcel bajo el cargo de intento de homicidio tras herir en el hombro a un agente policial. Asimismo, otro de los implicados recibió una pena de 30 años de prisión por “manipulación de pruebas” al haber retirado unos folletos de su esposa, a pesar de determinarse que ni siquiera estuvo presente de forma física en el lugar de la protesta.
El director del FBI, Kash Patel, trató de justificar los fallos al declarar formalmente que la agencia “continuará identificando, localizando y desmantelando a la red de financiación nacional de Antifa”, ‘colectivo’ que la Casa Blanca ha catalogado de manera oficial como ‘organización terrorista’. Esta línea de acción judicial encuentra su respaldo legal en el Memorándum Presidencial sobre Seguridad Nacional (NSPM-7), firmado por el Ejecutivo federal el pasado mes de septiembre, el cual clasifica al movimiento antifascista como un grupo “antiamericano, anticristiano y anticapitalista”. Tras la lectura de las sentencias, la madre de Benjamin Song difundió una declaración pública de su hijo en la que asumía la responsabilidad de sus acciones individuales, pero rechazaba de forma categórica la tipificación de “terrorismo doméstico”, sosteniendo que se trata de “una herramienta política para silenciar la disidencia en un contexto donde, paralelamente, el Gobierno ha indultado a 1.500 participantes del asalto al Capitolio”.
Expansión de las medidas represivas
La implementación operativa de esta doctrina de seguridad ha comenzado a extenderse de forma sistemática a otras regiones del país, registrándose incidentes similares en el estado de Minnesota. En la ciudad de Mineápolis, un total de 15 ciudadanos vinculados a la red Direct Action Minnesota han sido imputados por los cargos de “conspiración, acoso y tentativa de obstrucción a funcionarios federales” tras haber realizado un seguimiento en video de las redadas de deportación ejecutadas por el ICE, sumando a sus expedientes el agravante de “vinculación terrorista”.
Bajo premisas judiciales análogas, los reporteros Don Lemon y Georgia Fort permanecen a la espera de juicio tras ser arrestados en sus respectivos domicilios por documentar una protesta civil contra un predicador evangélico asociado a las operaciones de deportación, en una causa que involucra a otros 37 activistas locales. De forma paralela, las indagaciones federales han alcanzado al gobernador de California, Gavin Newsom, mientras que en Nueva Jersey la congresista LaMonica McIver enfrenta una petición fiscal de hasta 17 años de cárcel por un altercado menor con un agente durante una inspección en el centro de detención de Delaney.
La nueva ‘Estrategia Antiterrorista’
Esta tendencia responde de manera directa a la nueva Estrategia Antiterrorista de los Estados Unidos publicada el pasado mes de mayo por la Casa Blanca, un documento técnico coordinado por el asesor Sebastian Gorka que eleva al “extremismo de izquierda” a la categoría de “amenaza existencial para la nación”, equiparándolo formalmente con organizaciones como el Estado Islámico o Al Qaeda. De acuerdo con las comparecencias del FBI ante las comisiones del Congreso, las investigaciones activas bajo este enfoque se han triplicado, gestionándose una lista de vigilancia que supera el millar de individuos a través del Centro de Misiones Conjuntas.
La presión de los organismos de investigación criminal también se ha dirigido hacia el sector de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la asistencia legal de familias migrantes. Hace diez días, agencias federales coordinaron redadas simultáneas en las oficinas centrales de Washington de las entidades Amica Center for Immigrant Rights, Ayuda y Kids in Need of Defense, exigiendo la entrega inmediata de datos personales y listados de menores de edad separados de sus núcleos familiares.
