El Ayuntamiento de Iruñea impondrá restricciones en el acceso a las viviendas municipales

El Ayuntamiento de Iruñea (EH Bildu) tiene entre manos una nueva ordenanza sobre viviendas municipales y, según ha advertido el Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria, conlleva más restricciones y menos protección para los usuarios, con el fin de poder “expulsar más rápido” a las personas que acceden a las viviendas municipales. “La administración establece plazos de uso temporal, predeterminados, a pesar de que la pobreza no es una condición transitoria por sí misma; de este modo, más personas pueden pasar por los recursos públicos y dejarlos más rápido, sin importar si su situación se ha solucionado o no”, han señalado desde el sindicato.

La nueva normativa sustituirá a la ordenanza de 2016 y está en vías de ser aprobada definitivamente. El sindicato ha explicado que el cambio responde al “aumento del número de solicitantes de protección pública en materia de vivienda”, así como al hecho de que “cada vez hay más personas en situación de exclusión residencial”. Sin embargo, ante la crisis, “en lugar de aumentar los recursos para responder a la realidad”, la actitud del Ayuntamiento ha sido la de “aumentar la presión sobre los recursos ya existentes”, según el sindicato.

El 30 de marzo dieron paso a la nueva ordenanza, ya que EH Bildu, PSN, Contigo-Zurekin y Geroa Bai votaron a favor. Con toda seguridad, la medida será aprobada definitivamente a principios de julio en el pleno. El Sindicato Socialista de Vivienda ha comprado la ordenanza vigente desde 2016 con la que se va a aprobar ahora, y ha destacado que traerá consigo un “cambio de modelo” que “endurecerá las obligaciones de los usuarios de viviendas municipales, los mecanismos de control sobre ellos y los motivos de exclusión” y que “eliminará las garantías de protección”.

Desahucios más rápidos y con menos garantías

La ordenanza cambiará la naturaleza jurídica de las viviendas municipales, según han precisado desde el sindicato: “Las viviendas municipales de emergencia estaban vinculadas a la legislación de arrendamientos urbanos. La nueva normativa, en cambio, define las viviendas como ‘alojamientos dotacionales temporales’ integrados dentro de un servicio público municipal”. Esta precisión jurídica tiene consecuencias directas para los usuarios, ya que “el derecho a permanecer en la vivienda no será comparable al de un alquiler convencional” y, además, se dará paso a los “desahucios por vía administrativa”. “Antes, normalmente, esta opción se reservaba para casos de ocupación”.

Los desalojos administrativos “reducen mucho los plazos y eliminan casi por completo la posibilidad de defensa de los inquilinos”, en palabras del sindicato: “El procedimiento no pasa por los juzgados, y la propia administración decide cuándo tienes que dejar la casa”. Con dicho cambio jurídico, “la vía del desahucio administrativo se extenderá a todas las viviendas municipales”.

Este detalle aparece en el “Informe de Aportaciones” recibido por el Ayuntamiento: “El artículo 24.1 establece de forma general que el incumplimiento de las obligaciones conllevará el abandono inmediato de la vivienda. [...] ¿Cómo se llevará a cabo esa salida inmediata si la familia se niega a abandonar la vivienda voluntariamente?”. El Ayuntamiento respondió lo siguiente: “Bastaría con aplicar el procedimiento administrativo y el régimen de resolución regulado por la Ley 39/2015 [...], y eso será lo que se utilizará”.

Retención directa del dinero para pagar el alquiler y criterios de acceso más estrictos

Por si fuera poco, cuando existan impagos de más de dos meses, el Ayuntamiento detraerá el dinero directamente de los ingresos de los inquilinos, “incluso si esos ingresos provienen de la Renta Garantizada que percibe cualquier miembro de la unidad familiar”, según ha informado el sindicato. La Red Navarra contra la Pobreza y la Exclusión Social presentó una alegación contra este artículo, al considerar que la Renta Garantizada debería ser “inembargable”, pero el Ayuntamiento rechazó la solicitud. El sindicato ha criticado que “embargar los escasos ingresos de las familias vulnerables provocará un aumento de su vulnerabilidad”.

Por otra parte, el Consistorio también endurecerá los criterios para acceder y permanecer en las viviendas municipales. “Se exige no haber rechazado ninguna alternativa habitacional en los últimos dos años; se deben aceptar los traslados que el Ayuntamiento considere oportunos; y se debe mantener una actitud activa en la búsqueda de vivienda, ya sea pública o privada”, ha subrayado el sindicato. Ha rechazado la “infantilización de las personas y las familias”, y ha recordado que a menudo se ha visto qué tipo de alternativas residenciales ofrecen las administraciones municipales: a saber, “aquellas que no respondían en absoluto a las necesidades de las familias”, debido a que no se tenían en cuenta, entre otros aspectos, “el arraigo, el tamaño de la unidad familiar, las situaciones de dependencia o la escasa calidad de las viviendas ofrecidas”.

Junto a esto, el sindicato ha denunciado los “criterios de baremación” establecidos en la nueva normativa: se premiará con puntos la “disposición a compartir vivienda con otras personas”, la “disposición a cambiar de zona geográfica” o la “adhesión a procesos de acompañamiento social”. Haber sufrido un desahucio seguirá otorgando puntos, pero ahora el ayuntamiento premiará que haya ocurrido por “buena fe” de los inquilinos. Además, el ayuntamiento obligará a los inquilinos a “firmar compromisos específicos vinculados a la inclusión social y a participar en los programas de seguimiento definidos por los servicios municipales”.

Según el Sindicato Socialista de Vivienda, la ordenanza “en lugar de reforzar el derecho a una vivienda estable, consolida un modelo de alojamiento temporal, condicionado y sometido a una revisión continua” y está “orientado a gestionar la exclusión”, “en vez de atacar sus raíces”. Y ha advertido de que en la nueva normativa, además, se puede detectar un “giro punitivo”: “Los mayores controles burocráticos y la extracción directa de la Renta Garantizada convierten la inclusión social en una tutoría permanente y coercitiva por parte de la administración”.