Juanma Moreno es reelegido presidente de Andalucía tras pactar con Vox
El acuerdo incluye una ‘macrovicepresidencia’ para los de Abascal, la “prioridad nacional”, acelerar la privatización del Bachillerato y FP y eliminar leyes de Igualdad, LGTBI y de memoria democrática.
El pleno del Parlamento de Andalucía, ha investido este jueves a Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía para un nuevo mandato de cuatro años. Tras semanas de intensas negociaciones llevadas a cabo bajo un estricto compromiso de discreción, el dirigente del Partido Popular (PP) ha logrado asegurar su reelección en una segunda votación gracias al respaldo definitivo de los quince parlamentarios de Vox. Ambas formaciones sellaron un Acuerdo de Gobierno y Estabilidad minutos antes del inicio de la sesión plenaria en la Cámara autonómica, abriendo por primera vez las puertas del Ejecutivo andaluz a la formación fascista de Santiago Abascal. De esta manera, Moreno sumó los 53 escaños obtenidos por su partido a los 15 de su nuevo socio de coalición, alcanzando una mayoría absoluta de 68 votos a favor.
El “desbloqueo” de la situación en el hemiciclo hispalense se ha producido después de que el pasado martes el grupo de Vox votara negativamente en la primera votación, supeditando su apoyo a la aceptación de sus exigencias estructurales y programáticas. Con el nuevo reparto de poder ratificado por las fuentes oficiales, el líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, asumirá una ‘macroconsejería’ con rango de vicepresidencia del Ejecutivo regional que concentrará la gestión de las áreas de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Fuentes presidenciales han confirmado que el reelegido presidente andaluz tomará posesión de su cargo de manera oficial el próximo domingo en un acto institucional en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, procediendo en las jornadas posteriores al nombramiento formal de los miembros del Consejo de Gobierno.
Medidas acordadas
El documento programático firmado por el PP y Vox introduce cambios de calado en la gestión social, fiscal y migratoria de la comunidad autónoma. Entre las medidas más destacadas se encuentra la aplicación del principio de “prioridad nacional” para el acceso a las subvenciones y los servicios públicos esenciales, incluida la vivienda protegida. Este derecho preferencial quedará condicionado por ley a “la cotización laboral previa de los solicitantes” y exigirá la demostración de “un arraigo real, duradero y verificable con el territorio andaluz”. A cambio de estas concesiones, Vox se compromete a aprobar los cuatro próximos presupuestos de la autonomía, una cláusula que garantizaría la estabilidad de las cuentas públicas de Andalucía de forma ininterrumpida hasta el año 2030. El texto recoge también el veto explícito al uso del burka y el niqab en los espacios públicos y establece el impulso de medidas destinadas a la repatriación de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen.
En el plano educativo y legislativo, las directrices del nuevo Ejecutivo contemplan la privatización paulatina de los niveles de Bachillerato y de Formación Profesional, al tiempo que se tramitará la eliminación completa de las actuales leyes autonómicas de Igualdad, de protección del colectivo LGTB y de memoria democrática. En materia impositiva, las administraciones andaluzas aplicarán deducciones fijas directas en la cuota de este impuesto que se han fijado en 500 euros por el primer hijo, 1.000 euros por el segundo y 1.500 euros a partir del tercero, así como medidas para fomentar la natalidad, el apoyo a la maternidad y la “cultura de la vida”, un Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada, y el reconocimiento del “valor social” de las familias numerosas.
