Los migrantes que consigan un empleo en Reino Unido deberán pagar 11.000 euros
Se les exigirá la cuantía antes de que puedan optar a la residencia permanente, incluyendo si son finalmente rechazados, bajo la excusa de que “devuelvan el coste de su asilo”.
El Gobierno del Reino Unido se encuentra tramitando un nuevo proyecto de Ley de Inmigración y Asilo que introduce modificaciones sustanciales en la gestión económica de los refugiados y demandantes de protección. La nueva normativa prevé que los migrantes que obtengan el derecho a trabajar legalmente en territorio británico deban abonar una suma superior a los 11.000 euros una vez que consigan un empleo “estable”. El gobierno del laborista Starmer ha tratado de argumentar que el objetivo principal de este paquete de medidas es “recuperar de forma progresiva los costes financieros que acarrea el proceso de asilo de todos aquellos adultos que demuestren contar con recursos económicos suficientes para la subsistencia”.
De acuerdo con los detalles del borrador legislativo recogidos por la cadena de televisión pública BBC, los solicitantes de asilo que tengan autorización legal para trabajar en el Reino Unido estarán obligados a abonar una tasa fija antes de poder iniciar los trámites para optar a la residencia permanente. Este sistema también afectará de forma retroactiva a aquellas personas cuyas solicitudes sean finalmente rechazadas; si abandonan el país, deberán pagar “la totalidad de los costes devengados durante su estancia antes de que las autoridades evalúen cualquier posibilidad de permitir su reingreso futuro en el Reino Unido”. La ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, ha defendido la “idoneidad” de la reforma afirmando que estos cambios normativos demostrarán ante la opinión pública que “la ayuda a los solicitantes de asilo es un derecho, pero también una responsabilidad”.
Por el momento, los planes oficiales difundidos por los medios locales no determinan con exactitud los ingresos mínimos que deberán percibir los trabajadores antes de que se activen los correspondientes pagos mensuales obligatorios. No obstante, el redactado de la ley otorgará al propio ministro del Interior la potestad exclusiva para ajustar la cuantía total de la tasa y los umbrales de devolución mensuales.
