La nueva ley de ‘Seguridad Nacional’ de Starmer podrá usarse contra periodistas
La ‘Ley de Amenazas Estatales’ británica permitirá condenar a periodistas y miembros de ONGs que trabajen en zonas de guerra por ‘terrorismo’, como ya ocurrió con los activistas de Palestine Action.
Durante esta semana en Londres, el Parlamento del Reino Unido avanza en la fase final de tramitación de un proyecto de ley sobre “seguridad nacional y amenazas estatales” diseñado, supuestamente, para prohibir y sancionar a “grupos respaldados por gobiernos extranjeros”, como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, entre otros. Sin embargo, dos revisores independientes de la legislación antiterrorista británica han advertido formalmente que la falta de salvaguardas explícitas en el texto normativo podría arrastrar a periodistas y ONGs que operan en zonas de guerra a ser condenados por ‘terrorismo’, tal y como ya ocurrió con los activistas propalestinos de Palestine Action.
David Anderson, antiguo revisor independiente de la legislación ‘antiterrorista’ del Reino Unido, señaló en una nota informativa que la normativa criminaliza el hecho de “obtener, aceptar y retener” o incluso “acordar aceptar” cualquier beneficio material de los grupos señalados, una definición que incluye explícitamente el acceso a la información y que carece de la defensa por “excusa razonable”. Según explicó Anderson, esta redacción sitúa en un peligro potencial tanto a corresponsales extranjeros que contacten con fuentes en países de riesgo como a organizaciones de resolución de conflictos y entidades de ayuda humanitaria.
El experto mencionó como ejemplo a la organización benéfica Halo Trust, la cual no podría preguntar legalmente a agentes extranjeros sobre la ubicación de minas terrestres bajo este marco legal. Ante este escenario, el jurista afirmó que “el proyecto de ley parece haber sido elaborado a toda prisa, con las salvaguardas sugeridas para las ONG y los periodistas en gran parte ausentes de su texto”, insistiendo en que la situación “debe corregirse antes de que la propuesta se convierta en ley”.
En la misma línea, Jonathan Hall, actual revisor independiente de dicha legislación, ha propuesto sin éxito ampliar la defensa de “excusa razonable” para que abarque explícitamente el intercambio de información. Por su parte, los ministros del Gobierno británico han argumentado que “los datos solo estarían prohibidos si poseen un valor inherente que enriquezca al receptor y han asegurado que las personas afectadas solo serían procesadas si el fiscal general considera que existe un interés público”.
La comunidad de defensa de la libertad de prensa ha manifestado su profunda preocupación ante el impacto potencial de la norma. Dawn Alford, directora ejecutiva de la Society of Editors, argumentó que los corresponsales extranjeros e investigadores necesitan interactuar con organizaciones peligrosas para informar al público, por lo que “no se les debería dejar dependiendo de la discrecionalidad de la fiscalía para determinar si la recopilación legítima de noticias es legal”. Asimismo, Nik Williams, responsable de políticas y campañas de Index on Censorship, afirmó que “cualquier ley redactada apresuradamente que pueda criminalizar el periodismo de interés público amenaza los fundamentos de la democracia británica”.
