Chile implantará la jornada de hasta 52 horas semanales
El Senado inicia el debate del proyecto tras aprobarse la reducción del impuesto a las empresas del 27% al 23%, al tiempo que también se pretenden legalizar los “contratos por hora”.
El Gobierno del fascista José Antonio Kast presentará esta semana una propuesta legislativa para modificar la ley de cuarenta horas de jornada laboral semanal, una de las reformas más ‘emblemáticas’ de la pasada administración de Gabriel Boric. La iniciativa, anunciada por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, ha generado un inmediato y firme rechazo social. La propuesta oficialista busca cambiar el método de cálculo de la jornada laboral en Chile para permitir que las horas de trabajo semanales puedan extenderse hasta un máximo de 52 horas “en periodos de alta demanda productiva”.
Desde el Ministerio del Trabajo se trata de argumentar que esta medida es “necesaria para dinamizar un mercado laboral resentido”. Según las últimas cifras oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación en el país austral escaló al 9,1% en el trimestre comprendido entre febrero y abril de 2026, lo que representa el nivel de desempleo más alto registrado en Chile en casi un lustro. El ministro Tomás Rau afirmó que “el objetivo de la reforma no es establecer una jornada fija de 52 horas, sino introducir modalidades flexibles orientadas a sectores altamente estacionales como la agricultura y el turismo, con el fin de reducir la informalidad laboral”.
Por el contrario, la oposición y las organizaciones sindicales han alertado sobre los riesgos de retroceder en las conquistas laborales aprobadas en 2023, cuando Chile se convirtió en el tercer país de América Latina en adoptar la semana laboral de 40 horas. La Central Única de Trabajadores (CUT) advirtió sobre el peligro de una precarización sistémica en un panorama que acumula una pérdida de setenta mil empleos formales desde el año 2022. Paralelamente, el Ejecutivo planea reactivar en el Congreso un proyecto de contratos por hora que permanece estancado desde 2018 como parte de las “recomendaciones” de su Mesa de Reactivación Laboral.
Este debate laboral coincide con una semana clave para la agenda legislativa del oficialismo en Santiago de Chile, dado que el pleno del Senado se dispone a votar la denominada “Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social”. Esta ofensiva económica y tributaria contra la clase trabajadora chilena, considerada el proyecto estrella del Gobierno de Kast, llega al pleno tras ser visada en la Comisión de Hacienda únicamente con los votos de los partidos oficialistas.
El núcleo de esta reforma tributaria contempla una rebaja en el impuesto a las grandes empresas, que pasará del 27% al 23%, y establece un polémico mecanismo de invariabilidad tributaria para incentivar grandes inversiones extranjeras. En la votación efectuada este lunes por la Comisión de Hacienda, se aprobó que dicha invariabilidad se aplique de forma gradual: diez años para inversiones de entre 50 y 100 millones de dólares, quince años para montos superiores a los 100 millones, y hasta veinte años para megaproyectos que superen los 350 millones de dólares. La iniciativa también incorpora beneficios fiscales temporales para la repatriación de capitales, la exención del impuesto al valor agregado (IVA) en la adquisición de viviendas durante un año y la agilización de permisos ambientales y sectoriales.
