Acusado un guardia civil de planificar el robo y secuestro de una anciana
Valiéndose de información confidencial sobre los ahorros de la anciana, el agente habría planificado el golpe y tras el robo, aprovechado para acceder a los expedientes reservados y avisar a sus cómplices.
La Sección Primera de la Audiencia de Granada celebró este lunes el juicio contra un agente de la Guardia Civil acusado de orquestar el robo con violencia y la detención ilegal de una mujer de 73 años en el municipio granadino de La Zubia. Según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso la agencia de noticias Europa Press, el funcionario público se enfrenta a una petición de 15 años de prisión por actuar presuntamente como inductor de los hechos. Junto a él comparecen en el banquillo de los acusados otras siete personas, de las cuales seis están señaladas como los autores materiales del asalto domiciliario y una octava como cómplice de la trama criminal, enfrentándose esta última a una solicitud de condena de algo más de cuatro años de cárcel.
El origen de la relación entre el principal encausado y la víctima se remonta al fallecimiento del hermano del agente, quien se dedicaba a la gestión de activos financieros. Tras su deceso, el guardia civil asumió de forma voluntaria la tarea de devolver a los clientes los beneficios generados por dichas inversiones. De este modo contactó con la perjudicada, una mujer jubilada, soltera y sin hijos, que residía completamente sola y que, debido a la crisis sanitaria del Covid-19 en aquellas fechas, evitaba salir a la calle por temor a un posible contagio. El intercambio de fondos se mantuvo de forma regular hasta marzo de 2021, momento en el que el agente entregó varios sobres que debían contener la suma de 50.000 euros; no obstante, al percatarse la anciana de que faltaba una cuantía de 10.000 euros, procedió a reclamarle el dinero a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, ante lo cual el acusado respondió textualmente “noto un tono amenazante en ti y eso no me gusta”.
A tenor de las investigaciones coordinadas en la provincia, el agente, valiéndose del conocimiento confidencial de que la mujer custodiaba grandes sumas de dinero en efectivo en el interior de su vivienda, decidió contactar con delincuentes habituales de la zona. La planificación del golpe se fraguó presuntamente durante una reunión presencial en un establecimiento de hostelería ubicado en el Polígono Juncaril, en el término municipal de Albolote, donde el funcionario facilitó los detalles logísticos necesarios para consumar el delito. Horas después, durante la madrugada, el grupo de asaltantes se desplazó hasta el inmueble de La Zubia, saltó la tapia perimetral y accedió al interior de la propiedad, sorprendiendo a la moradora cuando esta se levantó al escuchar ruidos extraños.
Los acusados se abalanzaron de forma inmediata sobre la anciana, la derribaron y la inmovilizaron utilizando prendas de ropa y cinturones que encontraron en las estancias, tapándole la boca para evitar que alertara a los vecinos. La víctima permaneció retenida bajo agresiones físicas continuas y golpes en el rostro desde la una de la madrugada hasta aproximadamente las siete de la mañana, tiempo durante el cual los atacantes registraron la vivienda. Tras localizar una caja fuerte empotrada en la pared, uno de los implicados tuvo que desplazarse hasta Málaga para conseguir un hacha con la que arrancaron el dispositivo de seguridad, logrando finalmente huir del lugar con los 50.000 euros en efectivo y varios móviles.
Posteriormente, ante el temor de que las pesquisas desvelaran su implicación directa en el asalto, el guardia civil utilizó presuntamente su condición profesional para interferir en el esclarecimiento de los hechos. El procesado aprovechó un descuido de un compañero de comandancia que había dejado abierta su sesión en el sistema informático oficial para acceder a los expedientes confidenciales de la investigación. A través de este método, el acusado obtuvo capturas de pantalla con datos restringidos sobre los seguimientos policiales y las intervenciones telefónicas activadas, procediendo a reenviar dicha información al resto de la banda para alertarles de la situación y manifestar su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que alguno de ellos confesara ante las autoridades.
