Italia debate extender la detención preventiva a menores
La medida introduce la prohibición de reunión para “sospechosos de integrar bandas juveniles” y permitirá a la Policía retener a los menores hasta 12 horas y realizar detenciones grupales “en diferido”.
El Consejo de Ministros de Italia ha aprobado un nuevo proyecto de ley que amplía de manera significativa el alcance de la detención preventiva, permitiendo por primera vez su aplicación a menores de edad en “zonas de ocio nocturno y espacios públicos concurridos”. La iniciativa, recogida en un documento técnico titulado “Disposiciones en materia de seguridad y para la prevención del malestar juvenil”, faculta tanto a la Policía estatal como a las locales para intervenir en áreas urbanas con el fin de “prevenir alteraciones del orden público”. Esta propuesta legislativa profundiza la línea de reformas en materia de represión emprendida por el ejecutivo de Roma, la cual tuvo como primer hito el “decreto contra fiestas clandestinas” del 31 de octubre de 2022 y continuó en febrero de este año con la introducción de la detención preventiva contra las manifestaciones en la vía pública, tras los incidentes registrados semanas antes en la ciudad de Turín.
Según detalló el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, en una conferencia de prensa posterior a la reunión del gabinete ministerial, la nueva regulación establece criterios para que los agentes puedan detener a los individuos que consideren “potencialmente peligrosos”, pese a que no hayan cometido ningún delito. Las personas civiles sujetas a esta medida podrán permanecer retenidas temporalmente por un periodo de hasta 12 horas con el propósito formal de verificar su identidad. Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Piantedosi especificó que “se extiende la disciplina de la detención preventiva también a sujetos menores de edad respecto a los cuales, durante operaciones policiales destinadas a la prevención de delitos que alteren el orden público en lugares con una gran afluencia de personas, pueda existir un motivo fundado para considerar que presentan conductas de peligro para la seguridad pública”.
Además del mecanismo de detención, el proyecto de ley contempla una modificación sustancial del código ‘antimafia’ vigente en el país mediante la incorporación de un nuevo apartado referido a las restricciones de agrupación. Bajo esta cláusula, el jefe de la policía local o “questore” estará autorizado para “emitir una advertencia oral formal que prohíba las reuniones de personas señaladas como presuntas responsables de promover el deterioro urbano, el vandalismo o la violencia en entornos públicos”. La propuesta incrementa de forma paralela las penas de prisión y las cuantías de las multas económicas por “daños a la propiedad”. El ministro del Interior aclaró que, además, se implementará la posibilidad de ejecutar arrestos grupales “en diferido”. A su vez, las autoridades ministeriales determinaron que el delito de ‘lesiones personales contra agentes de policía’ pasará a ser perseguible de oficio por la judicatura.
