Perú aprueba la ley que excluye a militares y policías de los tribunales comunes
Al limitar las investigaciones a la jurisdicción militar, las instituciones podrán actuar como "juez y parte", además de dificultar el acceso a la verdad para las víctimas del Estado.
El presidente del Congreso de Perú, Fernando Rospigliosi, legislador perteneciente al partido Fuerza Popular, ha promulgado este lunes una ley que excluye a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas de ser procesados en la jurisdicción común por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. A menos de una semana de concluir el periodo de sesiones de la actual legislatura, Rospigliosi asumió la firma del texto debido a que el presidente interino del país, José María Balcázar, no promulgó la iniciativa dentro del plazo constitucionalmente establecido. La medida modifica de forma directa el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal para redefinir el marco de actuación de las fuerzas policiales durante sus intervenciones.
La nueva legislación determina que en ningún caso se podrán seguir procesos penales de manera simultánea en la justicia ordinaria y en la militar-policial contra un mismo efectivo cuando coincidan los hechos y los sujetos investigados. La norma delimita el “delito de función” para las Fuerzas Armadas como toda conducta ilícita cometida durante acciones militares orientadas al “mantenimiento o restablecimiento del orden interno en el marco de un estado de emergencia”. En cuanto a la Policía Nacional, la norma clasifica como delito de función las “actuaciones derivadas de sus atribuciones constitucionales, tales como labores de prevención, investigación criminal, inteligencia, control de identidad, custodia de fronteras y emisión de peritajes oficiales en contextos de emergencia”.
La aprobación de la norma ha generado inmediatas reacciones de rechazo por parte de sectores políticos de la oposición y de organizaciones de derechos humanos en el país. Representantes de estos grupos sostienen que trasladar estas causas a la ley militar entorpece las investigaciones en curso contra efectivos acusados de excesos y violaciones a los derechos humanos. Actualmente, la justicia ordinaria peruana tramita procesos relativos a abusos cometidos durante la ofensiva estatal contra el Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru entre 1980 y 2000, además de las investigaciones vinculadas a la actuación policial y militar durante las protestas sociales registradas en 2020 y entre los años 2022 y 2023.
