El Ministerio de Cultura, a través de las resoluciones de ayudas públicas a la música emitidas por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), ha otorgado una subvención de 20.000 euros a la trigésima edición del Festival Blues Cazorla, celebrado en la localidad de Cazorla (Jaén). La beneficiaria directa de esta cuantía es la sociedad mercantil Riff Producciones SL, promotora histórica de este evento musical. Esta firma está integrada en la estructura de Superstruct Entertainment, un conglomerado europeo de música en vivo que fue adquirido en junio de 2024 por el fondo de capital privado estadounidense Kohlberg Kravis Roberts (KKR).

La adjudicación presupuestaria al festival jiennense se suma a una serie de contrataciones y subvenciones públicas procedentes de distintas administraciones estatales, autonómicas y municipales dirigidas a eventos vinculados al grupo KKR, entre los que se encuentran festivales como O Son do Camiño, Sónar, Resurrection Fest o Arenal Sound. El fondo de inversión norteamericano arrastra continuas denuncias por parte de organizaciones propalestinas debido a sus vínculos económicos con el Estado de Israel. Entre sus activos figuran la participación principal en el grupo Axel Springer, propietario del portal inmobiliario Yad2, que oferta viviendas en asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, la empresa de ciberseguridad Optiv, la firma de software Guesty y la constructora de centros de datos Global Technical Realty, además de contar en su dirección ejecutiva con el general retirado y exdirector de la CIA David Petraeus.

La concesión de estos fondos públicos contrasta con la postura oficial expuesta por el titular de la cartera de Cultura, Ernest Urtasun. El 26 de mayo de 2024, en declaraciones recogidas por la agencia Servimedia, el ministro se manifestó explícitamente sobre la penetración de KKR en la industria cultural española al afirmar que “fondos de inversión que participan en la expansión de los asentamientos ilegales en Palestina, como es el caso de este fondo, no son bienvenidos en España y no son bienvenidos en la cultura española”. Posteriormente, el 5 de diciembre de 2025, Urtasun declaró en el canal laSexta que “los acontecimientos culturales y deportivos no tienen que servir para blanquear un genocidio”. De igual modo, el pasado 15 de julio de 2026, durante la Conferencia Ministerial por la Cultura Palestina celebrada en Madrid, el ministro denunció ante los medios de comunicación la destrucción patrimonial en la franja de Gaza señalando que “asistimos a una tentativa consciente de borrar el esplendor milenario de la cultura de Palestina, erradicar su memoria y suspender su porvenir”, según informó la agencia EFE.

A pesar de la línea política manifestada por la dirección del ministerio, la resolución administrativa responde al marco regulatorio vigente, que no ha sido modificado por el Gobierno de coalición. La Ley de Contratos del Sector Público y las normas de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva obligan a los servicios técnicos del INAEM a adjudicar las partidas “atendiendo de forma exclusiva a criterios administrativos y técnicos establecidos en las convocatorias”. Al no existir un régimen de sanciones ni una inhabilitación jurídica específica contra el conglomerado KKR a nivel estatal o comunitario, las sociedades integradas en su red empresarial mantienen el derecho legal de concurrir y acceder al reparto de fondos públicos.