EEUU impone nuevas sanciones contra Cuba

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este jueves desde Washington un nuevo paquete de medidas restrictivas dirigido contra nueve entidades y dos funcionarios vinculados al Gobierno cubano. La decisión oficial busca limitar de manera directa el acceso del Ejecutivo encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel a recursos económicos que las autoridades estadounidenses catalogan de “origen ilícito”, en un nuevo episodio de recrudecimiento del bloqueo.

Entre las organizaciones señaladas en el comunicado emitido por la diplomacia estadounidense destacan tres empresas del sector energético estatal; el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), la Empresa de Energía S.A. (ENERSA) y Einarbo S.A. Asimismo, la Administración del presidente Donald Trump incluyó en la lista a la Terminal de Contenedores de Mariel S.A., principal operadora portuaria del país caribeño, al determinar que “forma parte de una red de evasión liderada por el conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) para sortear el embargo”. Las acciones también alcanzaron al sistema de misiones médicas internacionales de Cuba, un programa especialmente señalado por la Casa Blanca.

En el plano individual, las sanciones señalan directamente al ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, y a la directora de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), Gretza Sánchez Padrón. Como consecuencia legal de estas designaciones, todos los activos, propiedades e intereses de los sancionados que se encuentren bajo jurisdicción territorial o legal de Estados Unidos quedan congelados de inmediato. De igual forma, se impone una prohibición expresa para que ciudadanos o corporaciones estadounidenses efectúen cualquier tipo de transacción comercial con los implicados.

Esta resolución constituye la continuación de un endurecimiento sistemático iniciado meses atrás. Durante el pasado mes de junio, Washington impuso restricciones similares contra el presidente Miguel Díaz-Canel, varios integrantes de su núcleo familiar y el coronel Alejandro Castro Espín, hijo del exmandatario Raúl Castro. Paralelamente, el Departamento de Justicia de EE. UU. mantiene vigente un procesamiento judicial contra el propio Raúl Castro por su supuesta “responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles” ocurrido en 1996.

Desde La Habana, el Ministerio de Relaciones Exteriores reaccionó de manera contundente rechazando las medidas. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció públicamente a través de sus canales oficiales que la decisión dada representa un “acto de agresión” destinado a aplicar un “castigo colectivo contra todo el pueblo cubano”. El jefe de la diplomacia de la isla sostuvo que la Casa Blanca procura ocultar los efectos del cerco económico, al tiempo que acusó al Gobierno estadounidense de actuar con “intenciones genocidas” dirigidas a provocar una crisis humanitaria a gran escala.