“Este no es un simple conflicto corporativo: es una escuela de lucha de clases”

El curso escolar en Catalunya ha comenzado con una nueva huelga docente convocada por USTEC-STEs, CGT, Intersindical y COS. El paro da continuidad a un conflicto abierto el curso pasado por la falta de acuerdo con la Conselleria de Educación sobre ratios, plantillas, atención a la diversidad y recursos para la escuela pública. Hablamos de este conflicto laboral con Júlia Valentin, profesora, militante del Movimiento Socialista y sindicalista en la CGT.

¿En qué contexto nacieron las huelgas educativas en Catalunya del curso anterior?

Estas movilizaciones surgieron en medio de un contexto de creciente descontento de la comunidad educativa, descontento que comparten trabajadores, familias, alumnado. Este descontento lleva cociéndose especialmente en estos últimos años. El episodio anterior fue durante la época del anterior conseller, Josep Cambray. Las protestas respondieron al rechazo de diversas reformas impulsadas por el Departament d'Educació, como el adelanto del curso, el nuevo currículo y los cambios organizativos, y  la falta de negociación con la comunidad educativa. Este episodio acabó con la destitución del conseller, pero no se resolvió el problema de fondo.

Tras las elecciones catalanas de 2024 hubo un cambio político y el Departament d’Educació pasó a estar dirigido por Esther Niubó. Pero, en realidad, ese cambio no hizo que desapareciera el malestar que ya existía en la comunidad educativa. Al contrario, el descontento ha continuado y el curso anterior se tradujo en un aumento de las movilizaciones. Al final, muchos de los problemas que denunciamos los trabajadores siguen sin resolverse: la falta de recursos, las ratios elevadas, la sobrecarga de trabajo o la burocracia. Todo esto se enmarca, además, en un contexto más amplio de deterioro de los servicios públicos y de un creciente malestar entre trabajadores, estudiantes y familias.

Yo creo que entre los trabajadores hay una sensación bastante compartida de que el sector educativo está en crisis. Las huelgas que hemos impulsado no surgen de un problema puntual, sino que reflejan un deterioro progresivo de las condiciones laborales y del propio sistema educativo. Es una situación que se viene arrastrando desde hace años y que, para mucha gente de la comunidad educativa, ya resulta insostenible.

“Las huelgas que hemos impulsado no surgen de un problema puntual, sino que reflejan un deterioro progresivo de las condiciones laborales y del propio sistema educativo”.

La cuestión es que, para nosotros, la crisis educativa no puede entenderse de forma aislada, sino que forma parte de una crisis más amplia del modelo capitalista. Lo que vemos es que, en la enseñanza, esta crisis se traduce en años de recortes y de externalización de servicios, mientras cada vez gana más peso la escuela privada y concertada. Eso tiene consecuencias muy claras: las condiciones laborales del profesorado se han ido precarizando y la calidad del servicio público también se ha resentido. Y quien acaba pagando las consecuencias es el alumnado. Por un lado, porque también está viviendo un empeoramiento de sus condiciones de vida y, por otro, porque tiene cada vez menos oportunidades educativas.

Durante el curso anterior el desarrollo del conflicto fue cogiendo fuerza y centralidad en el panorama catalán. ¿Cómo leéis desde el Movimiento Socialista el desarrollo de esta huelga a diferencia de ciclos anteriores de lucha en el sector?

Creemos que lo que diferencia este ciclo de lucha en la educación respecto a los anteriores es que no nace de un conflicto estrictamente laboral ni de unas reivindicaciones salariales concretas, sino que es fruto del recrudecimiento de la crisis educativa en el marco de una crisis social general. Desde hace años se acumulan los efectos de la infrafinanciación, la falta de personal, el aumento de las necesidades educativas, la burocratización del trabajo docente y las crecientes dificultades para garantizar una educación de calidad. Todo ello se traduce en una sobrecarga para los trabajadores, que se ven desbordados, pero también en un deterioro de las condiciones de aprendizaje del alumnado. Además, Cataluña sigue presentando una tasa de abandono escolar prematuro del 13,5 %, superior tanto a la media española como a la de la Unión Europea.

Todo ello demuestra que se trata de un problema estructural y no de una coyuntura propia del momento actual. En este sentido, las reivindicaciones del profesorado en torno a los salarios o las condiciones laborales no constituyen el motor específico del conflicto, sino la expresión de un problema mucho más profundo: la incapacidad del modelo educativo actual para responder a las necesidades sociales en un contexto de crisis económica, proletarización y deterioro de los servicios públicos.

Por ello, entendemos que este ciclo de movilizaciones ha tenido una mayor capacidad para interpelar al conjunto de los trabajadores de la educación, ya que las demandas no se limitaban —ni se limitan— a la situación laboral del profesorado, sino que afectan al conjunto del sector educativo. Esto ha permitido poner sobre la mesa la crisis de la educación en su conjunto y, por tanto, la necesidad de una respuesta que vaya más allá de una negociación sectorial.

Desde la perspectiva del Movimiento Socialista, esta es también la diferencia fundamental respecto a otros ciclos de lucha: la posibilidad de comprender el conflicto educativo como la expresión de una crisis social más amplia y no como un conflicto meramente corporativo.

¿Qué cambios en el modelo educativo se están poniendo en marcha en los últimos años? ¿Cuáles son las principales demandas del profesorado?

Entre los principales elementos está el debate sobre el decreto de plantillas, que ha concentrado una fuerte crítica por parte del profesorado, ya que amplía la capacidad de las direcciones para decidir el perfil de los profesionales y sus adjudicaciones. Consideramos que esto debilita las garantías de los trabajadores al mismo tiempo que refuerza la gestión empresarial de los centros. Este ha sido uno de los grandes conflictos en torno al modelo educativo catalán, aunque en los últimos tiempos el Departamento haya modificado parte de su funcionamiento tras una serie de acuerdos sindicales.

Otro elemento es el despliegue de la educación inclusiva. Aunque el objetivo de una escuela inclusiva genera un amplio consenso, muchos profesionales denuncian que se ha implantado sin los recursos humanos y materiales necesarios. Esto se ha traducido en una falta de inversión en los centros y, como consecuencia, en una carga de trabajo cada vez mayor para los trabajadores, que deben asumir nuevas responsabilidades sin contar con los apoyos correspondientes.

“Frente a la crisis educativa, las administraciones priorizan reformas de gestión y mecanismos de control”.

Y luego tendríamos medida estrella del curso anterior del Govern del PSC: la incorporación de los Mossos d'Esquadra a los centros educativos. Esto es sintomático del modelo que se está impulsando. Frente a la crisis educativa, que forma parte de una crisis estructural más amplia, las administraciones optan cada vez más por mecanismos de control, vigilancia y disciplina dirigidos al alumnado de clase trabajadora, en lugar de afrontar las causas estructurales del conflicto. La violencia, los problemas de convivencia o el malestar juvenil no son fenómenos aislados, sino expresiones de una crisis social profunda. Pretender abordarlos desde una lógica policial supone desplazar el debate político sobre las condiciones materiales que los generan y sustituir una respuesta educativa por una respuesta coercitiva.

Nosotros interpretamos todas estas cuestiones como expresiones de un mismo proceso: frente a la crisis educativa, las administraciones priorizan reformas de gestión y mecanismos de control, mientras que las reivindicaciones del profesorado y del conjunto de los trabajadores de la educación sitúan en el centro del debate la necesidad de aumentar los recursos, reducir las ratios, reforzar las plantillas y recuperar la capacidad de decisión colectiva en los centros.

Además, hay que tener en cuenta que uno de los elementos diferenciales de este ciclo de lucha ha sido su dimensión organizativa, ya que la movilización no se ha vehiculado únicamente a través de la negociación sindical tradicional, sino que también ha tenido un peso muy importante la organización en los propios centros de trabajo. Lo vimos el curso pasado con las asambleas de centro y las asambleas territoriales celebradas por toda Cataluña. Desde esta perspectiva, la fuerza del conflicto va más allá de lo que habíamos visto hasta ahora y depende de la capacidad de movilización y organización del conjunto de los trabajadores, y no solo de la clásica interlocución institucional.

“También ha tenido un peso muy importante la organización en los propios centros de trabajo”.

En marzo del curso anterior los sindicatos CCOO y UGT firmaron un acuerdo con el Govern que fue rechazado por el resto de sindicatos y la mayoría de trabajadores de la educación. ¿Qué lectura hace el Movimiento Socialista de ese momento del conflicto?

Nosotros creemos que el acuerdo de marzo debe entenderse más allá de su contenido concreto. Llegó en un momento en el que el conflicto educativo empezaba a adquirir una dimensión política importante en el panorama catalán y comenzaba a generar un problema de gobernabilidad para el PSC. En ese contexto hay que tener en cuenta que no solo estaba el conflicto educativo, sino también las movilizaciones en Rodalies, la sanidad y otros sectores. El Govern intentaba desactivar este ciclo de movilizaciones y, en ese marco, Comisiones Obreras y UGT desempeñan un papel muy importante al canalizar el conflicto hacia la negociación institucional. Es entonces cuando firmaron un acuerdo que fue rechazado por una parte muy importante de los trabajadores y por el resto de los sindicatos, que consideran que no resolvía las cuestiones de fondo del conflicto.

“En ese contexto hay que tener en cuenta que no solo estaba el conflicto educativo, sino también las movilizaciones en Rodalies, la sanidad y otros sectores”.

Este momento es interesante porque evidenció una pérdida de legitimidad de CCOO y UGT entre una parte creciente de los trabajadores de la educación, una tendencia que hemos visto intensificarse con el tiempo. Cada vez resulta más difícil que estos dos sindicatos se presenten como los representantes últimos e indiscutibles de los intereses de los trabajadores. Dicho esto, tampoco pensamos que la solución pase por sustituir unas siglas por otras. Que CCOO y UGT pierdan legitimidad en un conflicto de esta magnitud fue y es un hecho políticamente relevante, porque cuestiona un modelo de concertación social que durante décadas ha servido para gestionar el sentido común dominante en torno a los conflictos laborales.

Sin embargo, esto, por sí solo, no implica un cambio en la correlación de fuerzas. El límite está en que, si toda la fuerza del movimiento y de los trabajadores sigue dependiendo de las dinámicas propias del sindicalismo de concertación y de unas mesas de negociación sesgadas, el conflicto acabará regresando a los mismos márgenes institucionales. Por eso insistimos tanto en la necesidad de que los trabajadores se organicen de forma independiente de las dinámicas clásicas impuestas por el modelo de concertación, para que sean ellos quienes marquen los ritmos y los horizontes de la lucha, y no las dinámicas de negociación con el Govern.

“Cuando existe una organización fuerte en los centros de trabajo, los sindicatos se ven obligados a moverse en función de la presión que reciben”.

De hecho, una de las principales lecciones que deja este conflicto es precisamente esa: cuando existe una organización fuerte en los centros de trabajo, los sindicatos se ven obligados a moverse en función de la presión que reciben. La cuestión es si esa capacidad organizativa logra consolidarse más allá de un conflicto concreto o si acaba disolviéndose una vez concluyen las negociaciones. Para nosotros, ese es uno de los retos políticos de fondo.

En el mes de junio, parte de los sindicatos llegaron a otro preacuerdo que fue rechazado de nuevo por otros sindicatos. ¿Qué produjo esta divergencia?

El preacuerdo de junio se entiende si miramos lo que había sucedido en las semanas anteriores. Veníamos de un conflicto que había ido acumulando fuerzas poco a poco, con un nivel de participación en las huelgas y movilizaciones muy elevado y con un grado de organización en los centros que hacía tiempo que no se veía. Todo ello había generado unas expectativas muy superiores a lo que finalmente recogía el preacuerdo y, por eso, la respuesta de una gran parte de los trabajadores de la educación fue de rechazo. No porque el preacuerdo no incorporase cambios o mejoras, sino porque existía la percepción de que la fuerza acumulada durante meses permitía aspirar a mucho más.

Todo ello demuestra, una vez más, que el conflicto no giraba únicamente en torno al salario, y eso es importante. Si se hubiera tratado de una cuestión meramente retributiva, probablemente el preacuerdo habría sido suficiente. Sin embargo, el malestar es mucho más profundo y tiene mucho más que ver con el modelo educativo, con las condiciones de trabajo y con la degradación de la educación en su conjunto.

“El conflicto no giraba únicamente en torno al salario, y eso es importante”.

Además, este episodio también reflejó un momento de recomposición dentro del sindicalismo educativo. Hubo sindicatos que se mostraron más favorables a mantener una línea combativa y otros que apostaron por cerrar acuerdos, lo que generó tensiones. Es normal que existan diferencias tácticas, pero lo que quedó de manifiesto es que la unidad sindical puede ser frágil y que no siempre responde a los mismos objetivos.

Desde nuestro punto de vista, el criterio no debería ser qué sindicato lidera el conflicto, sino hasta qué punto las decisiones responden a lo que están expresando los docentes organizados. Cuando las asambleas de docentes manifiestan reiteradamente que un acuerdo es insuficiente, eso debería marcar la orientación de la negociación.

En este sentido, hay una cuestión importante de cara al futuro. Los sindicatos tienen la responsabilidad de negociar, evidentemente, pero también la de contribuir a construir un horizonte de lucha en la educación. No basta con convocar huelgas o sentarse en una mesa de negociación; es necesario plantear una hoja de ruta que permita acumular fuerzas, dar continuidad a la organización que se ha construido este curso en los centros educativos y evitar que toda esta experiencia se desactive cuando termine el conflicto. Si algo ha demostrado este ciclo de movilizaciones es que existe una gran predisposición por parte de los trabajadores de la educación a movilizarse. La cuestión ahora es si esa fuerza logra consolidarse en formas organizativas estables o si vuelve a quedar subordinada a los ritmos de la negociación institucional.

Teniendo en cuenta el inicio de curso con la huelga el 8 de septiembre y que se están abriendo diferentes conflictos educativos en el resto del Estado, ¿qué perspectivas se abren para este conflicto?

Este curso se abren perspectivas interesantes en el panorama educativo. En Cataluña el curso ya ha iniciado con la primera convocatoria de huelga el 8 de septiembre, fecha que los docentes hemos aprovechado para poner sobre la mesa que el conflicto educativo no está resuelto y que mantendrá la continudad durante el curso. La vuelta a las clases, la perspectiva de huelgas, la recuperación de la dinámica organizativa y las elecciones sindicales en educación marcaran los próximos meses.

De todos modos, nosotros no creemos que este conflicto pueda abordarse como un episodio aislado, ni que su resolución dependa únicamente de una negociación concreta. Lo que estamos viendo es una expresión de la crisis educativa, que además no es exclusiva de Cataluña. Actualmente están sobre la mesa conflictos similares: en la Comunidad Valenciana tuvieron una huelga indefinida durante todo el fin de curso y está por ver como evoluciona el conflicto en Madrid. Esto se debe a que las causas de fondo son compartidas: hablábamos de la infrafinanciación, del deterioro de los servicios públicos, de la sobrecarga de trabajo y de una tendencia a gestionar la crisis trasladando sus costes a los trabajadores.

En este sentido, el conflicto educativo también tiene una dimensión de clase. No es solo una disputa política sobre la escuela, sino también una experiencia que muestra que la clase trabajadora tiene la capacidad de oponerse a los planes de reestructuración de la crisis impulsados por las administraciones. Creemos que este es uno de los principales aprendizajes: cuando existe una movilización capaz de sostenerse en el tiempo, es posible cuestionar el marco que los gobiernos —en este caso, el Govern— intentan imponer.

Ahora bien, también se han hecho evidentes los límites. Aún existe poca coordinación entre los distintos sectores en lucha y la solidaridad de clase sigue siendo una tarea pendiente. Durante el curso anterior vimos conflictos en la sanidad, en los transportes y en otros ámbitos, pero a menudo cada uno ha avanzado de forma relativamente aislada. Si realmente queremos cambiar la correlación de fuerzas, tendremos que construir vínculos mucho más sólidos entre los distintos sectores.

De cara a éste curso, el reto no es solo volver a convocar movilizaciones y huelgas. La primera tarea consiste en consolidar todo lo que se ha construyó el año anterior: las asambleas, la coordinación entre centros y los espacios de organización que fueron surgiendo. Si toda esta estructura desaparece será mucho más difícil recomponer la lucha con la misma fuerza. También será necesario definir una hoja de ruta más clara. Creemos que no todas las estrategias sindicales son igualmente útiles para hacer avanzar el conflicto y que tendremos que debatir honestamente qué orientación política necesita el movimiento. La unidad del sector es importante, pero no puede construirse sobre cualquier base ni a cualquier precio. Debe servir para reforzar la capacidad de organización de los trabajadores, y no para rebajar las reivindicaciones, facilitar salidas prematuras o diluir las cuestiones políticas que atraviesan el conflicto.

Por último, hay una tarea muy importante que sigue pendiente: ampliar el sujeto de la lucha. Aunque durante el conflicto se dieron pasos muy importantes hacia la unidad de clase, la escuela no la sostienen únicamente los docentes, también lo hacen el Personal de Atención Educativa, el Personal de Administración y Servicios, los monitores, el personal de limpieza, el de cocina y muchos otros colectivos que comparten condiciones de precariedad. Si este conflicto pretende tener continuidad, tendrá que ser capaz de incorporar realmente al conjunto de los trabajadores de la educación y construir una auténtica unidad de clase dentro del sector.

“Hay una tarea muy importante que sigue pendiente: ampliar el sujeto de la lucha”.

En definitiva, el reto del curso no será únicamente obtener un resultado favorable en la negociación —que también—, sino conseguir que el conflicto concluya con un mayor grado de organización, de conciencia colectiva y de capacidad para situar un horizonte político coherente con las causas estructurales que reproducen la situación actual del sistema educativo. Desde nuestra perspectiva, ese es el principal aprendizaje y también la principal tarea que tenemos por delante.

¿Cuáles son las principales claves del conflicto educativo catalán?

La primera clave es entender que este no es un simple conflicto corporativo. Hablamos de un conflicto que explicita una contradicción política profunda: la educación es uno de los ámbitos que está recibiendo más políticas enfocadas a la gestión de la crisis. Por eso, lo que pasa tiene consecuencias que van mucho más allá de los centros educativos.

La segunda clave es que es un conflicto que pone de relieve los límites de la socialdemocracia y de todo el sistema de partidos en la gestión de la crisis. Porque no solo ha quedado evidenciado el Govern del PSC; también Comuns e Esquerra Republicana, con la aprobación de los presupuestos, se han situado en contra de las reivindicaciones del sector educativo. Hoy el PSC es la expresión institucional en Cataluña, pero el debate va mucho más allá de un gobierno concreto. Lo que está en juego es el modelo que se va a imponer ante el empeoramiento del sistema público, un modelo que trata de gestionar el deterioro sin cuestionar sus causas. Y no solo se han evidenciado las intenciones del PSC en torno al modelo, también en torno a cómo va a dialogar este con la clase trabajadora organizada. Lo hemos podido ver con las infiltraciones policiales en las asambleas educativas —cuestión que permitió evidenciar el carácter más crudo de la represión sindical institucional—, pero también con toda la maquinaria de los medios de comunicación que dieron cobertura al conflicto.

La lectura que hacemos es claramente una lectura de clase, ya que la fuerza de este conflicto no depende únicamente del número de huelgas o del resultado de una negociación, sino de la capacidad que han tenido los trabajadores para organizarse de forma independiente, de construir sus propios espacios de decisión y de disputar constantemente la política que se quería imponer desde las instituciones. 

Esto es importante porque el resultado de este conflicto no afecta solo a los docentes: si el Govern consigue imponer este modelo después de meses de movilizaciones intensas en las que los trabajadores lo han dado todo y se han roto la cara, enviará un mensaje al resto de los sectores laborales: que es posible que el gobierno aplique sus planes de crisis y deterioro pasando por encima de una oposición que se ha mostrado sólida. En cambio, si los trabajadores consiguen frenar estas políticas y consiguen imponer sus reivindicaciones y demandas, también se abre una coyuntura diferente para el resto de conflictos laborales. 

“El resultado de este conflicto no afecta solo a los docentes”.

Por tanto, nosotros entendemos este conflicto como una escuela de lucha de clases, no solo por lo que se disputa dentro de la educación, sino también porque pone sobre la mesa una cuestión mucho más general: ver si la clase trabajadora es capaz de construir una política independiente y propia frente a los planes de crisis. Bajo nuestra perspectiva, esta también es la batalla estratégica que se está empezando a jugar en educación.