Miles de personas protestan en 12 ciudades contra el desahucio de Maricarmen y la Policía carga en la Castellana

Miles de personas se concentraron este miércoles en una docena de ciudades del Estado español tras la convocatoria de urgencia del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos para protestar contra el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años desahuciada por la fuerza de su casa del barrio de Retiro tras 71 años viviendo en ella. Las movilizaciones, convocadas por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, han denunciado el lanzamiento judicial al tiempo que exigían responsabilidades políticas bajo el lema “Nos vemos esta tarde! Si nos quieren fuera de nuestras casas, nos tendrán enfrente”, según recoge RTVE. Además de en Madrid, las protestas se han sucedido en Barcelona, Cádiz, Uviéu, València, Palma, Málaga, Sevilla, Ávila, Toledo y Guadalajara. Para el 24 de septiembre está prevista otra concentración en Huelva.

En Madrid, el Sindicato de Inquilinas eligió como lugar de la concentración el inmueble donde se ubica el polémico ático de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso, en el paseo del General Martínez Campos. Cerca de 10.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, se manifestaron allí al grito de “vergüenza”, “fuera fondos buitre”, “el ático para Maricarmen” y “Ayuso dimisión”, aunque también hubo cánticos contra el Gobierno central como “Gobierno progresista, cómplice rentista” y “¿Dónde está el Gobierno progresista?”. La calle se fue llenando entre proclamas hasta que los manifestantes pudieron cortarla. Pasadas las nueve de la noche, la movilización llegó hasta el Paseo de la Castellana, donde los manifestantes lograron cortar el tráfico y permanecer sentados. Según El Salto, la policía disparó balas de fogueo y golpeó a los manifestantes, mientras un grupo de activistas realizaban una sentada. ElDiario.es reportó que los antidisturbios intentaron frenar la marcha lanzando pelotas de goma y cargando contra los concentrados. La protesta se dio por terminada sobre las diez de la noche.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha criticado al Gobierno central por mantener paralizado el Real Decreto-Ley de Vivienda anunciado en junio. Los colectivos han señalado la responsabilidad de PP, Vox y Junts, que votaron en contra de la moratoria antidesahucios y evitaron que se aprobara el decreto que permitía prorrogar los contratos de alquiler. En consecuencia, exigen al Gobierno que desbloquee el decreto inmediatamente y piden a los grupos parlamentarios que garanticen que se apruebe antes de que finalice la legislatura. En respuesta, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha recordado que “el Ejecutivo ha llevado tres veces al Parlamento la prohibición de los desahucios”, siendo rechazada por la Cámara, e instado a aprobar cuanto antes una nueva propuesta para paralizar los lanzamientos de forma permanente. No obstante, el sindicato ha reprochado a la ministra que utilice este caso para eludir responsabilidades y culpar únicamente al Ejecutivo regional madrileño.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunció desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General de la ONU, y calificó el desahucio que su Ejecutivo ha permitido de facto como “una tragedia social que no podemos aceptar como país” y dejó caer la responsabilidad a los gobiernos madrileños: “Hay que decir que hay dos administraciones competentes en la protección de personas vulnerables como Maricarmen, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que están más preocupados en comprar aticazos de 200 metros de terraza pero han hecho caso omiso a una tragedia social que debería ser resuelta”. Sin embargo, ese mismo argumento de las competencias se vuelve contra el PSOE en L'Hospitalet de Llobregat, donde el PSC gobierna tanto el Ayuntamiento como la Generalitat. Allí, Olga, una vecina de 54 años, se suicidó el pasado 7 de septiembre, cinco meses después de ser desahuciada de su piso en el barrio de Santa Eulàlia. Entidades vecinales y el Sindicato de Vivienda de L'Hospitalet han denunciado el abandono institucional que sufrió la víctima, que tenía problemas de salud mental diagnosticados, y han reclamado que se investigue la “cadena de omisiones” que precedió a su muerte. La noche anterior al desahucio, Olga había dicho que se quitaría la vida y fue trasladada a urgencias psiquiátricas del Hospital de Bellvitge; su abogado pidió suspender el lanzamiento, pero el juez decidió seguir adelante

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha ido más allá de la figura de Ayuso y ha catalogado como un “profundo fracaso” la labor de las últimas tres administraciones en la ciudad porque “han sido incapaces de defender el derecho a la vivienda de sus ciudadanos frente a la voracidad fría y calculadora de los fondos buitre”. Denuncian que ni la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento se pusieron en contacto con Maricarmen ni con David, el otro desahuciado de este miércoles, ni con las empresas que promovieron los desalojos para intentar paralizarlos. El desahucio concluyó con la salida de Maricarmen en camilla, asistida por el personal sanitario, entre gritos de “no estás sola” y proclamas de “asesinos” dirigidas al dispositivo policial. La mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital Gregorio Marañón.