Mercenarios reclutados en el Sur Global

El fenómeno de la guerra por encargo ha sufrido una transformación profunda a nivel mundial. Ya no se trata únicamente de antiguos soldados de élite contratados por grandes corporaciones privadas de seguridad, sino de una estructura de reclutamiento predatorio que explota de forma sistemática la pobreza, el desplazamiento forzado y la falta de oportunidades. Así lo documenta el Grupo de Trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios en su informe A/HRC/54/29 de 2023 y en sus evaluaciones posteriores. Las Naciones Unidas advierten que esta tendencia consolidada afecta prioritariamente a hombres jóvenes de bajos ingresos, refugiados e internamente desplazados en campamentos, presos y veteranos con experiencia militar previa procedentes del Sur Global.

Las tácticas empleadas por los reclutadores abarcan el engaño, la coerción, el fraude con promesas falsas de trabajo civil bien remunerado, la confiscación de documentos de identidad y ofertas de amnistía penitenciaria. En la práctica, muchas de estas operaciones derivan en condiciones equivalentes al trabajo forzoso o a la trata de personas.

En el ámbito de los exmilitares y veteranos de guerra, el caso de Colombia representa el patrón más cuantificado a escala global. Tras la visita oficial realizada por el Grupo de Trabajo de la ONU a Colombia en 2026, los expertos concluyeron que más de 10.000 colombianos, casi en su totalidad exmilitares, expolicías y veteranos desmovilizados de las FARC o de grupos paramilitares, han sido reclutados para operar en el extranjero en los últimos once años. Las ofertas económicas, difundidas mediante redes sociales e intermediarios, suelen oscilar entre los 2.000 y los 6.000 dólares mensuales, cifras muy superiores a las pensiones y salarios disponibles en el mercado laboral local.

Los destinos de este personal abarcaban escenarios variados, según investigaciones periodísticas de medios como El Espectador y La Silla Vacía. Entre ellos destacan la República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Haití, donde exmilitares colombianos estuvieron implicados en el magnicidio presidencial de 2021, así como operaciones vinculadas al crimen organizado en México y Brasil, o contratos de seguridad privada en Ecuador y Perú. Existe a su vez el antecedente histórico de cientos de colombianos contratados por empresas vinculadas a Emiratos Árabes Unidos para combatir en la guerra de Yemen.

Un ejemplo crítico de esta dinámica se desarrolla en la guerra civil de Sudán, iniciada en 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Reportes de Human Rights Watch, análisis de la publicación ADF Magazine y datos de paneles de expertos de la ONU calculan que entre 300 y más de 380 exmilitantes colombianos, con estimaciones periodísticas que elevan la cifra hasta los 2.000 integrantes en unidades como la brigada “Desert Wolves”, han sido desplegados desde 2024 para apoyar a las RSF. La red de captación opera a través de firmas asociadas a Emiratos Árabes Unidos, utilizando rutas de tránsito por Libia, Somalia o Chad. En el terreno sudanés, estos efectivos realizan labores de pilotaje de drones, manejo de artillería, combate directo y entrenamiento militar, habiéndose registrado denuncias sobre la instrucción táctica impartida a niños soldados.

El conflicto sudanés también refleja la captación de combatientes regionales. En las filas de las RSF figuran integrantes de las tribus árabes Baggara pertenecientes al cinturón saheliano de Chad, Libia y Níger, sustentados en lazos étnicos previos a la guerra. Cientos de nacionales chadianos, incluidos antiguos integrantes de grupos como el FACT, junto a combatientes procedentes de Sudán del Sur, la República Centroafricana y Etiopía, participan en los enfrentamientos. Aunque las autoridades sudanesas afirman que la cifra total de mercenarios extranjeros asciende a decenas de miles, la verificación independiente resulta compleja debido a la opacidad de los actores en el terreno.

Chantaje migratorio

La desesperación económica y las grandes crisis migratorias se han convertido en la principal materia prima para las redes de reclutamiento. En escenarios como Libia, donde las estimaciones llegaron a registrar picos de hasta 20.000 combatientes y mercenarios extranjeros operando simultáneamente, la captación de personas en situación irregular ha sido masiva. Muestra de ello fue la movilización coordinada desde Siria hacia el norte de África. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (SOHR) llegó a contabilizar entre 15.800 y 18.000 combatientes sirios enviados a frentes libios bajo promesas de salarios mensuales de entre 1.000 y 2.000 dólares que, en gran parte de los casos, derivaron en impagos y abandono. Un patrón similar se replica en el cinturón del Sahel, particularmente en Níger, Chad y Malí, donde jóvenes atrapados en campos de refugiados o en yacimientos informales de extracción de oro son captados por redes transfronterizas. 

En América Latina, la vulnerabilidad de la migración irregular también es aprovechada por intermediarios privados, en su mayoría ciudadanos centroamericanos, principalmente salvadoreños y guatemaltecos, engañados con falsas ofertas para desempeñar supuestas labores de “seguridad civil en el extranjero”. Al llegar a sus destinos, sufren la confiscación de sus pasaportes y permanecen bajo constante amenaza de deportación o encarcelamiento, quedando atrapados.

África como cantera de reos

El uso de los sistemas penitenciarios como cantera de personal militar representa una de las facetas más oscuras y coercitivas del sector. Diversas contratistas armadas y empresas privadas han instaurado campañas de reclutamiento dentro de prisiones, dirigiéndose tanto a reclusos nacionales como a extranjeros encarcelados. Bajo la promesa de amnistías, indultos, la eliminación de antecedentes penales o estipendios económicos destinados a sus familias, los reclutadores ejercen una severa presión psicológica sobre los presos. En varias regiones de África y Oriente Medio, donde las prisiones masificadas albergan a miles de personas detenidas sin garantías judiciales ni juicios previos, los penales se han transformado en centros acelerados de captación de mano de obra militar barata.

El continente africano se ha consolidado como el gran mercado global de importación y exportación de mercenarios, un fenómeno impulsado por la debilidad de las fuerzas armadas estatales y la proliferación de conflictos civiles en países como la República Centroafricana, Somalia, Sudán o la República Democrática del Congo. Este modelo no es nuevo, pues ya en la década de 1990, la firma sudafricana Executive Outcomes demostró el poder de las corporaciones militares privadas al desplegar a apenas 160 contratistas para doblegar a contingentes de más de 15.000 “rebeldes” en Sierra Leona y Angola. 

Hoy, el mapa de actores privados se ha diversificado drásticamente. La empresa turca SADAT no solo facilitó la llegada de unos 5.000 combatientes sirios a Libia en 2020, sino que ha desplegado a más de 1.100 mercenarios en Níger y Burkina Faso para resguardar intereses mineros e infraestructuras clave. En paralelo, compañías chinas como Beijing DeWe Security y Huaxin Zhong An emplean a más de 35.000 contratistas en medio centenar de países del Sur Global para proteger proyectos de la Franja y la Ruta, mientras que en Oriente Medio proliferan contrataciones históricas como la de cientos de veteranos colombianos desplegados en Yemen por cuenta de Emiratos Árabes Unidos.