La cara española de las IDF

La presencia de españoles en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI o Tzáhal) es un fenómeno relativamente documentado, lo que permite elaborar una fotografía más precisa de la presencia de tropas españolas que en otros contextos bélicos. En este caso, los españoles que empuñan las armas para el Estado de Israel son casi exclusivamente en ciudadanos con doble nacionalidad hispano-israelí o en colonos que realizan aliyá (vivir como colonos en Palestina) amparados en la Ley del Retorno de 1950, y cumplen el servicio militar obligatorio. No se trata de mercenarios en el sentido estricto del derecho internacional. El servicio es obligatorio para ciudadanos y residentes israelíes, con 32 meses para hombres y 24 para mujeres, con variaciones, e incluye a reservistas, una realidad de sobra conocida por aquellos que deciden optar por la nacionalidad israelí.

Se estima que al menos 451 colonos españoles con pasaporte israelí sirvieron en las FDI durante la ofensiva sobre la Franja de Gaza, según los datos publicados por el medio británico Declassified UK. La información procede de la respuesta de las FDI a una solicitud de transparencia realizada en marzo de 2025 por Elad Man, abogado de la ONG israelí Hatzlacha. Del total de medio millón de militares movilizados por Israel desde el 7 de octubre de 2023, unos 50.000 eran residentes en el extranjero con doble o múltiple nacionalidad. El Estado español ocupa el puesto 21 en el ranking de países de origen de estos soldados, encabezado por Estados Unidos, Francia y Rusia.

Además, entre 2015 y 2025 se registraron unos 988 nuevos colonos desde el Estado español, con un pico de 105 en 2019 y 101 en 2025, y la comunidad española residente en la Palestina ocupada por el Estado de Israel en total ronda las 7.000-7.200 personas. Existen también voluntarios de corta duración en el programa Sar-El, de apoyo logístico en las bases, que no combate directamente, con grupos desde el Estado español desde 2019 de más de 20 personas en viajes estacionales y cientos de hispanohablantes en total a lo largo de los años, con una duración típica de una a tres semanas ampliable. El caso más destacado de bajas es el de Maya Villalobo Sinvany, de 19 años, doble nacionalidad hispano-israelí, sevillana de padre español y madre israelí, que cumplía servicio obligatorio como observadora en la base de Nahal Oz, batallón 414 del Cuerpo de Defensa Fronteriza, y murió el 7 de octubre de 2023 durante la operación de la resistencia palestina a la base. El Gobierno español le concedió a título póstumo “la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo”, junto a Iván Illarramendi, que miró en un kibutz el mismo día. El Gobierno español no ha concedido tales títulos a las víctimas hispano-palestinas. Por lo demás, no hay listados públicos amplios de otras bajas españolas en Gaza o Líbano.

Los testimonios publicados en medios españoles, casi siempre con nombres y apellidos, muestran unos perfiles que se identifican plenamente con el proyecto sionista y justifican sus crímenes. Los relatos recurrentes recogidos muestran una combinación de motivación ideológica sionista fuerte, vínculos familiares, integración en la sociedad colonial y nacionalismo dual.

Impunidad judicial

En el plano legal, el Código Penal español tipifica conductas relacionadas con el servicio en ejércitos extranjeros en contextos de traición o sin autorización, y la regulación actual es más matizada que la pérdida histórica de nacionalidad. Para los duales, el servicio obligatorio israelí genera debate: informes, incluido uno de Cuatrecasas encargado por el lado israelí en 2019, analizan riesgos legales en el Estado español. Una plataforma pidió en marzo a la Fiscalía investigar a los alrededor de 450 españoles por posibles responsabilidades en el genocidio de Gaza bajo acusaciones de violaciones del derecho internacional, motivo suficiente como para que se desplieguen acciones judiciales extraterritoriales por la supuesta “jurisdicción universal” del Derecho Internacional. Sin embargo, no hay persecución judicial conocida hasta la fecha contra los españoles que sirven en el ejército genocida israelí, aunque el Gobierno español presuma internacionalmente de ser un firme defensor de los derechos humanos. A quienes sí investiga la Justicia española es a Asier y Youssef, militantes de Iranekin Bat y Samidoun, detenidos el 16 de junio en Bilbo y Getxo en una operación dirigida por la Audiencia Nacional, acusados de “pertenencia a grupos terroristas, financiación del terrorismo, apología y captación” por organizar charlas informativas y participar en ayudas a familias civiles golpeadas por el genocidio en Palestina y el Líbano.

En cuanto a los contratistas privados israelíes, Israel cuenta con una industria militar y seguridad privada muy desarrollada, con empresas dirigidas o fundadas por exmilitares o exagentes de inteligencia que exportan activamente y operan mediante filiales o representantes en el extranjero. La relación con el Estado español es principalmente comercial e institucional a la inversa: empresas israelíes suministran material, tecnología y formación a instituciones españolas. Por el momento, más allá de los españoles que sirven en las IDF, no hay evidencia pública sólida de contingentes de españoles operando como contratistas de combate o mercenarios para empresas militares privadas israelíes en misiones operativas en Gaza, Líbano u otros escenarios.

Las empresas con presencia o contratos en el Estado español son más conocidas. Entre ellas figuran Guardian Defense & Homeland Security, filial española de un grupo israelí fundada hacia 2002-2006 por exagentes de inteligencia israelíes, con decenas de contratos públicos con ministerios, Guardia Civil, Policía, ayuntamientos y autoridades portuarias, y formación autorizada por el Ministerio del Interior en cursos de tiro, Krav Maga, escenarios de alto riesgo e inteligencia, con instructores que suelen ser exmiembros de fuerzas israelíes; Elbit Systems, principal contratista militar privado israelí, suministra sistemas terrestres, drones, electrónica, munición y cohetes, con múltiples contratos adjudicados a España, a menudo vía consorcios españoles; Rafael Advanced Defense Systems y su filial española Pap Tecnos también proveen sistemas antimisiles, misiles Spike y designadores láser; y otras empresas como Netline, Verint Systems, ICTS y Trango Systems.

Según los numerosos informes del Centre Delàs, el Gobierno español ha adjudicado entre 46 y 47 contratos por más de 1.044 millones de euros a la industria militar y de seguridad israelí desde el 7 de octubre de 2023, muchos de mantenimiento o tecnología dual. De hecho, el Estado español lideró la UE en importación de armas y municiones israelíes de febrero a mayo de 2025. Guardian concentra el mayor número de adjudicaciones, aunque de menor importe unitario, mientras Elbit y Rafael dominan por precio. El único amago de investigar la venta de armamento a Israel ha terminado también en vía muerta, después de que la Fiscalía haya solicitado el archivo de la causa contra tres directivos de la empresa siderúrgica alavesa Sidenor, abierta en julio de 2025 por vender miles de toneladas de acero a Israel Military Industries (IMSI) sabiendo que estaban destinadas a la producción de armas.