La ONU eleva a 214 las empresas vinculadas a la colonización sionista, tres de ellas del Estado español
CAF e Ineco se mantienen en la lista y se incorpora Salvat Logística, mientras ACS y SEMI salen de ella. El Gobierno español no ha impuesto sanción alguna a estas empresas.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) publicó el pasado 25 de septiembre una nueva actualización de su base de datos de empresas involucradas en actividades relacionadas con los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Este. El informe A/HRC/63/20 eleva el total de empresas listadas a 214, procedentes de 11 países, tras revisar 126 entidades adicionales. Se añadieron 61 nuevas empresas y se retiraron 5 que ya no cumplían los criterios establecidos. La gran mayoría, 192, son israelíes; el resto se reparte entre estadounidenses, con 8; chinas, francesas y británicas, con 2 cada uno, y una de México, Sudáfrica, Países Bajos, Alemania, Luxemburgo y el Estado español, con 3 en total. De las 214, 200 fueron clasificadas como “contribuyendo” a impactos adversos sobre el derecho a la libre determinación del pueblo palestino, y 14 como “directamente vinculadas”.
Entre las empresas del Estado español, se mantienen Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) e Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), ambas ya presentes en 2025, y se incorpora Salvat Logística, una de las 61 nuevas y clasificada como “directamente vinculada”. Salen de la lista ACS y SEMI, que ya no cumplen los criterios. El informe aplica el marco de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y clasifica el tipo de implicación de cada empresa según tres categorías: causalidad, contribución o vinculación directa. Las actividades listadas incluyen el suministro de equipos y materiales para la construcción y expansión de asentamientos y el muro, equipos de vigilancia e identificación, equipos para demolición de viviendas palestinas, servicios de control policial, servicios y utilidades que apoyan el mantenimiento de los asentamientos, operaciones bancarias y financieras, uso de recursos naturales como agua y tierra, contaminación y vertido de residuos, captura de mercados palestinos y uso de beneficios de empresas de colonos de Cisjordania para desarrollar nuevos asentamientos. El alcance se limita a Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y no incluye Gaza, los territorios ocupados en 1948, ni el Golán sirio ocupado.
La base de datos, creada en cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 31/36 y 53/25, no implica sanciones automáticas, sino que busca transparencia y recordar a las empresas y a los Estados sus obligaciones en materia de derechos humanos. Israel calificó la lista de “herramienta política” y “mecanismo sesgado” creado para “difamar” y “perseguir” a empresas que “operan legalmente”. La OHCHR destaca en su informe que no es una lista de sanciones y recuerda a los Estados que están obligados a garantizar acceso a remedios efectivos, porque la Corte Internacional de Justicia ha declarado ilegales los asentamientos en el Territorio Palestino Ocupado. El informe se presenta al Consejo de Derechos Humanos en su 63.ª sesión, en septiembre-octubre de 2026, y aún quedan empresas pendientes de evaluación.
Contratos públicos y créditos a las empresas que colaboran con el genocidio
Lejos de sancionar a estas empresas, el Gobierno español, que presume de “solidaridad con Palestina”, mantiene contratos activos con Ineco, empresa pública que actúa como medio propio de la Administración, y con CAF, mediante encargos de servicios tecnológicos y un crédito de 750 millones de euros del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) para vender trenes a Marruecos. Ineco ha recibido encargos para el suministro de licencias de Microsoft por varios millones de euros, servicios de operación de su infraestructura en la nube y mantenimiento de su plataforma SAP, entre otros. En el caso de CAF, además del contrato ferroviario marroquí financiado con fondos públicos, el Gobierno respondió en septiembre de 2025 a una pregunta parlamentaria que “se estará al caso concreto, previo análisis del marco legal y de las relaciones contractuales específicas”.
