Más de 1.200 millones al año en rebajas fiscales a rentistas
La reducción del IRPF al alquiler costó 717 millones solo en la cuota estatal en 2023 y 1.200 millones si se suman las cuotas autonómicas, según Gestha. La AIReF ya advirtió de que el beneficio es regresivo y no ha hecho más asequible el alquiler.
La negociación del real decreto ley de vivienda que el Gobierno pretende aprobar este martes en el Consejo de Ministros ha vuelto a poner sobre la mesa una de las políticas fiscales más cuestionadas de las últimas décadas: las reducciones en el IRPF a los propietarios de viviendas en alquiler. Según la memoria de beneficios fiscales de los Presupuestos Generales del Estado, la reducción del 60% en la base imponible por arrendamientos de vivienda tuvo un coste en la cuota estatal del IRPF de 716 millones de euros en 2023, el último ejercicio con datos oficiales al respecto, y de ella se beneficiaron 2.033.555 rentistas. El sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, eleva esa cifra a 1.200 millones si se suman las cuotas autonómicas, y advierte de que la medida “disminuye la progresividad del IRPF” porque concentra el mayor impacto recaudatorio en las rentas medias y medias-altas.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya concluyó en su estudio de beneficios fiscales de 2020 que esta reducción es regresiva. Sus datos mostraban que el 1% de los declarantes con mayor renta concentraba el 15% de todo el beneficio fiscal, mientras que el 50% de los declarantes con menos renta apenas obtenía un 5% del total. El propio organismo reconocía que el beneficio había logrado su objetivo de aumentar la oferta de alquiler declarado, aunque “no se puede identificar la diferencia entre la nueva oferta de vivienda y las rentas que emergen de la economía informal”, y advertía de que el incentivo no había resuelto “la creciente dificultad para el acceso a la vivienda de los hogares de rentas bajas, especialmente en las grandes áreas metropolitanas”. La evaluación oficial cifraba el coste total a nivel estatal de este beneficio en 1.039 millones de euros ya en 2016.
La Ley 12/2023 de Vivienda modificó el régimen para los contratos posteriores al 26 de mayo de 2023: la reducción general bajó del 60% al 50%, y se establecieron coeficientes del 60% si la vivienda se rehabilitó, del 70% si es el primer alquiler en zona tensionada a un inquilino de 18 a 35 años, y del 90% si hay una rebaja de la renta superior al 5%. El pasado, Pedro Sánchez anunció la intención de elevar la reducción al 100% si se renueva o congela el precio del alquiler. Incluso Sumar rechazó la medida por considerarla un “regalo” fiscal a los caseros y planteó en su lugar la prórroga automática de los contratos. La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) advirtió, en el lado contrario, de que la penalización en el IRPF “intensificará la fuga de propietarios y agravará la crisis de oferta”. Lo cierto es que, según los cálculos de la AIReF, el 50% de los declarantes con menos renta apenas percibía el 5% de este beneficio, mientras el 1% más rico acaparaba el 15%, lo que confirma el carácter regresivo de una medida que el Gobierno ahora pretende ampliar.
