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Un rentista con 100.000 euros de alquiler paga 5.434 euros de IRPF sin trabajar; un asalariado con el mismo sueldo, 32.119

El real decreto-ley de vivienda incluirá “regalos fiscales” a caseros exigidos por Junts mientras 2,2 millones de caseros que se benefician de 6.725 millones de euros en bonificaciones.

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Foto: Jakub Żerdzicki en Unsplash
Foto: Jakub Żerdzicki en Unsplash

El Gobierno español negocia contra reloj el real decreto-ley de vivienda que prevé aprobar este martes, un texto que incluirá bonificaciones fiscales a propietarios e inquilinos. Los llamados “regalos fiscales” a los rentistas son “una exigencia de Junts, cuyo concurso es necesario para que salga adelante la ley”, y el borrador contempla ampliar “hasta el 100%” la deducción a quienes bajen el precio del alquiler.

La medida ha vuelto a poner sobre la mesa una de las políticas fiscales más cuestionadas de las últimas décadas: las reducciones en el IRPF a los propietarios de viviendas en alquiler. Según la memoria de beneficios fiscales de los Presupuestos Generales del Estado, la reducción del 60% en la base imponible por arrendamientos de vivienda tuvo un coste en la cuota estatal del IRPF de 716 millones de euros en 2023, el último ejercicio con datos oficiales, y de ella se beneficiaron 2.033.555 rentistas. El sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, eleva esa cifra a 1.200 millones si se suman las cuotas autonómicas, y advierte de que la medida “disminuye la progresividad del IRPF”. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya concluyó en su estudio de beneficios fiscales de 2020 que esta reducción es regresiva: el 1% de los declarantes con mayor renta concentraba el 15% de todo el beneficio fiscal, mientras que el 50% de los declarantes con menos renta apenas obtenía un 5% del total.

“No parece que la medida tributaria generalizada haya sido eficaz para contener los precios”

Frente a los 2,2 millones de rentistas beneficiados, solo 121.573 inquilinos mantienen una deducción estatal, con un coste medio de 212 euros y una factura para el Estado de 25,7 millones, según recuerda Gestha. Su secretario general, José María Mollinedo, compara ambas cifras: los propietarios disfrutan de un alivio medio de 3.006 euros y una reducción total de 6.725 millones de euros. “Esta gran diferencia da una clara idea de la apuesta de los gobiernos de España en la última década por favorecer fiscalmente a los propietarios que pongan sus inmuebles en alquiler”, dice, y concluye: “Visto el resultado en el alza de los precios del alquiler, no parece que la medida tributaria generalizada haya sido eficaz para contener los precios”. Xavier Rupert, de Lullius Partners, recuerda que “en la práctica, el inquilino no dispone hoy de ningún beneficio fiscal estatal”, ya que la deducción por alquiler de vivienda habitual se suprimió en 2015 y solo sobrevive en régimen transitorio. La Ley 12/2023 de Vivienda bajó la reducción general del 60% al 50% para los contratos posteriores al 26 de mayo de 2023, con coeficientes del 60%, 70% y 90% según rehabilitación, zona tensionada o rebaja de renta superior al 5%.

El dato más contundente es la brecha del tipo efectivo. De los datos de la Estadística de viviendas declaradas en el IRPF de 2024, los rentistas declararon ingresos por alquiler de vivienda habitual de 21.000 millones. Tras deducciones de gastos (9.300 millones) y el “regalo” por alquilar (6.631 millones), la base sobre la que tributan queda en poco más de 5.050 millones: “De cada 100 euros que ingresan, apenas tributan por 24 euros”, resume elDiario.es. Un asalariado con un sueldo bruto de 30.000 euros paga 4.926 euros de IRPF trabajando, mientras un rentista que percibe 20.000 de su trabajo y 10.000 de alquiler sin trabajar tributa prácticamente la mitad, 2.700 euros. Si un trabajador ingresara 100.000 euros brutos, contribuiría con 32.119 euros al fisco; si esa misma cuantía procediera íntegramente del alquiler, sin trabajar, apenas abonaría 5.434 euros.