La mayoría social apoya la huelga general por la vivienda y la intervención del alquiler

La mayoría social del Estado español respalda algunas de las medidas que la derecha ha rechazado en el Congreso. El 73% de los ciudadanos apoyaría una huelga general por la vivienda, según una encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es. No se trata solo de los votantes de izquierda: también los del PP, Vox y Junts, los partidos que han votado en contra de los decretos, respaldan mayoritariamente el paro general. Un 31% de los votantes de Vox dice que seguro que lo apoyaría y un 32% que probablemente, lo que suma un 63% a favor. En el caso del PP, el porcentaje se eleva hasta el 61%. El Sindicato de Inquilinas y el movimiento de la acampada por la vivienda en su conjunto han sido los primeros en llamar a la huelga general, y CCOO y UGT ya se plantean sumarse a la movilización si la derecha rechazaba los decretos, como finalmente ha ocurrido.

La misma brecha entre las políticas de la Cámara y la voluntad popular se repite en el debate sobre la intervención del alquiler. Según una encuesta de 40dB. para El País y la Cadena SER, realizada con 2.000 entrevistas online entre el 25 y el 28 de septiembre, un 67,5% de los encuestados está a favor de las políticas que limiten los precios de la vivienda aunque su aplicación implique una pérdida de rentabilidad para el rentista. El respaldo es transversal: PSOE (82,6%), Sumar (95,8%), Podemos (85,4%), pero también PP (56,5%) y Vox (55,2%). Paradójicamente, incluso entre los propios rentistas, la mayoría (56,5%) respalda la intervención. Los que piensan que solo el mercado debe establecer los precios sin que el Estado desempeñe ningún papel se quedan en un 21,7%: el laissez-faire está en minoría cuando se habla de derecho a un techo.

El contraste entre estos datos y la composición del Congreso es el retrato material de una democracia secuestrada por los intereses de la minoría propietaria. Casi la mitad de los diputados (el 45%) tiene dos o más viviendas, frente al 40% de los ciudadanos del Estado español que no posee ninguna. Un diputado tiene de media 1,6 viviendas; un adulto, 0,7. Las encuestas dejan claro que la mayoría social quiere intervención pública efectiva en el mercado del alquiler y está dispuesta a movilizarse para conseguirla. La derecha ha votado en contra de los decretos que iban en esa dirección, aunque acoplados junto con medidas regresivas como la reducción de hasta el 100% del IRPF a los rentistas que bajaran el 5% del precio del alquiler. Está quedando en evidencia que la calle no está en la misma sintonía que el hemiciclo.