La ‘motosierra’ de Vox: privatizar las pensiones, rebajar impuestos a los ricos y excluir a migrantes
El partido usa su poder en las comunidades autónomas para aplicar la “desregulación” y su “prioridad nacional”; Figaredo propone una reducción de IRPF equivalente al presupuesto de educación y diseña un sistema de pensiones privado.
Vox ya es un partido gobernante en Extremadura, Aragón, Castilla y León, Andalucía y el País Valencià, donde emplea las consejerías como un laboratorio para las políticas que propone a nivel estatal de cara a las próximas elecciones del 29-N. El eje central de su estrategia es la llamada “desregulación”, una política que, bajo la apariencia de “simplificación administrativa” al estilo trumpista, busca eliminar normativas de vivienda, cambio climático, la reforma laboral o la igualdad.
Junto a la desregulación, el otro gran eje del ideario de Vox es la “prioridad nacional”, un principio que ya han logrado introducir en los presupuestos y normativas autonómicas. Esta medida, que no toca el régimen de compra de vivienda de inversores extranjeros, condiciona el acceso a ayudas públicas y a la vivienda protegida a requisitos de “arraigo real, duradero y verificable”. En el País Valencià, por ejemplo, ya se exigen 3 años ininterrumpidos o 10 años alternos de empadronamiento para recibir la Renta Valencia de Inclusión. En Castilla y León, se vincula la concesión de vivienda pública a la permanencia de 10 años en el Estado español, un requisito que vulnera la normativa europea, que fija el máximo en cinco años, en teoría. Los pactos autonómicos entre PP y Vox incluyen, además, el endurecimiento de las condiciones de los menores extranjeros no acompañados, la reducción de la cooperación al desarrollo, y la supresión de subvenciones a sindicatos, patronales y ONG que, según sus términos, participen en la “promoción de la inmigración ilegal”.
A nivel estatal, el responsable económico de Vox y secretario general del partido en el Congreso, José María Figaredo, ha desgranado las recetas que aplicarían si llegan al Gobierno. Figaredo califica el sistema público de pensiones de “zombi”, “quebrado” y “estafa piramidal” para justificar la transición hacia un modelo mixto de capitalización individual gestionado por fondos privados. Vox es el único partido que admite abiertamente que rebajará las pensiones: “solo subirán en tanto en cuanto vayamos reduciendo el gasto estructural”, admitió en su momento el que fuera su exportavoz, Iván Espinosa de los Monteros. En materia fiscal, Figaredo propone una reforma “revolucionaria” del IRPF con un tipo único: un mínimo exento de 22.000 euros, un 15% hasta 70.000 euros y un 25% a partir de esa cifra. Esta medida dinamitaría la progresividad del impuesto que más recauda en el Estado español. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha cifrado el coste de esta propuesta en 85.000 millones de euros, una cantidad que “supera todo el gasto en educación de España al año” y que, de aplicarse, “beneficiaría a las rentas más altas y provocaría recortes en pensiones, sanidad, educación y dependencia”.
El modelo de Vox es una importación directa de las recetas de austeridad de la ultraderecha internacional, con Javier Milei en Argentina como principal referente. La figura de Figaredo ejemplifica este perfil: un diputado que declara tener seis viviendas en propiedad, que se define como admirador de la “motosierra” de Milei y que ha protagonizado episodios de violencia verbal como animar a “cazar” a migrantes en Ceuta.
