El mayor banco privado de Brasil ejecuta el despido masivo tras un seguimiento de seis meses; sindicatos denuncian falta de diálogo y criterio simplista.
Periodistas, maestros, bomberos y agentes federales figuran entre los afectados; el Departamento de Estado amenaza con revocar visas a extranjeros que se burlen del caso.
El cierre definitivo en octubre supondrá la pérdida de más de un millón de plazas y afectará a más de 90 empleados de tierra; el personal de vuelo también está en vilo ante el traslado o posible abandono.
Estas salidas pactadas representan ya el 26% de los procesos de "reestructuración" del Estado español, mientras los despidos colectivos siguen siendo la opción mayoritaria.
El alto tribunal español establece que los jueces no pueden fijar indemnizaciones superiores a los 33 días por año trabajado sin reforma legal, y descarta que el Convenio de la OIT o la Carta Social Europea impongan cuantías más elevadas.
La medida, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, busca "reducir la burocracia y centralizar funciones", generando críticas por su posible impacto en la diplomacia estadounidense.
