A medida que nos acercamos al 10 de enero, fecha marcada en el calendario para la toma de posesión presidencial en Venezuela, la tensión entre el chavismo y la oposición ha vuelto a intensificarse. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que este miércoles que el opositor Edmundo González Urrutia estría violando el acuerdo firmado antes de abandonar el país el pasado 7 de septiembre, "al llamar desde España a una guerra civil". El opositor publicó el siguiente mensaje en la red social X el 10 de diciembre: "Con miedo no se va a la guerra. El 10E Ya comenzó". Durante su intervención en la asamblea comunera en Caracas, Maduro advirtió a González Urrutia “que deje de estar llamando a la guerra” y reiteró que en Venezuela "habrá paz, movilización popular y unión nacional", rechazando cualquier intento de desestabilización.

El presidente de Venezuela dirigió un mensaje a los sectores de la oposición que estarían llamando a un levantamiento armado en Venezuela: “Se van a arrepentir 100 años, porque es muy fácil invitar a la guerra desde una tasca de Madrid”. Según canal sur, Maduro destacó "la importancia del proceso electoral del 15 de diciembre", cuando serán elegidos Jueces de Paz en 5.297 circuitos comunales, incluidos 436 de pueblos indígenas, "para fortalecer la organización popular a través de las comunas".

El contexto se enmarca en la próxima juramentación de Maduro el 10 de enero como presidente electo para el periodo 2025-2031, tras las elecciones del 28 de julio, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela. La oposición, mientras tanto, no reconoce los resultados y anuncia que va a asumir el poder. González, quien solicitó asilo en el Estado español, ha afirmado que asistirá a una supuesta "toma de posesión", careciendo de validez oficial según el TSJ.

Tensión diplomática

En paralelo, Argentina, Estados Unidos, Chile y otros diez países presentaron una declaración conjunta en la OEA para exigir al Gobierno venezolano la concesión inmediata de salvoconductos que permitan la salida segura de los seis opositores venezolanos asilados en la Embajada argentina en Caracas. La iniciativa, respaldada por varias delegaciones, subraya la necesidad de garantizar el derecho de asilo diplomático y la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, conforme a tratados internacionales. Mientras tanto, los asilados denunciaron el asedio policial en la sede, que comenzó en noviembre, en medio de tensiones diplomáticas.