CCOO y UGT se manifiestan en contra de la oposición en unas protestas poco concurridas

Baja participación en las protestas de 46 ciudades, con notable ausencia de delegados sindicales.

Manifestación de CCOO y UGT del 2 de febrero de 2025, en Extremadura.
Foto: @_Laboro (X)

El 2 de febrero de 2025, CCOO y UGT convocaron manifestaciones en 46 ciudades del Estado español para “reivindicar derechos laborales y sociales”, como la subida de pensiones, la mejora del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral, justo después de pactar con el Gobierno y la patronal una reforma de pensiones que fomenta la jubilación a los 72 años.

Estas movilizaciones fueron una respuesta al rechazo del decreto ‘ómnibus’ por parte de PP, Vox y Junts en el Congreso de los Diputados, el cual incluía medidas como la subida de pensiones, ayudas al transporte público y la paralización de ciertos desahucios selectivos a algunas familias vulnerables. Los sindicatos pidieron “que los derechos sociales no sean utilizados como moneda de cambio en la lucha política”.

Sin embargo, la convocatoria no tuvo la participación esperada. La escasa presencia de manifestantes y la notable ausencia de delegados sindicales y miembros de comités de empresa generaron interrogantes sobre la representatividad de estos sindicatos. Aunque CCOO y UGT afirman contar con millones de afiliados, la mayoría de ellos no parecen estar comprometidos activamente con sus movilizaciones, siendo muchos de ellos simples beneficiarios de los servicios adicionales que ofrecen, como asesoría legal. Otros directamente son liberados, y asistir a este tipo de protestas es parte de su trabajo.

Esta baja asistencia se compensa con una alta presencia de los medios de comunicación, que dan protagonismo a movilizaciones no demasiado significativas y toman primeros planos de las protestas para no evidenciar la baja participación. El escenario pone en evidencia las dificultades actuales de CCOO y UGT para movilizar a sus bases y ejercer una influencia real en las decisiones políticas sobre derechos laborales, dada su subordinación incondicional al Gobierno español.