La presidencia del Gobierno español atraviesa uno de sus momentos más difíciles de la legislatura. Pedro Sánchez ha desaparecido del foco mediático tras el escándalo de los audios y filtraciones que implican a una militante del PSOE, Leire Díez, en presuntas gestiones ante mandos de la Guardia Civil para obtener información sobre la investigación del caso Koldo.
Aunque la UCO niega estar elaborando un informe contra Santos Cerdán, número tres del PSOE, la narrativa del “juego sucio” y las “cloacas” han ganado espacio en el debate público. La respuesta del PP ha sido rápida: ha convocado una gran manifestación con el lema “O mafia o democracia”, elevando el tono en plena recta hacia su congreso estatal.
En paralelo, el PSOE y el Gobierno se agrietan internamente. La formación de Sánchez se divide entre el núcleo duro de Moncloa y el resto del partido, con dirigentes territoriales como García Page, incómodos por la estrategia de confrontación constante y la sensación de aislamiento institucional.
La tensión se incrementó aún más con la difusión de fragmentos de una conversación del empresario Javier Pérez Dolset en la que se menciona a Sánchez y al número tres del PSOE, Santos Cerdán. Pérez Dolset ha afirmado que los audios están “manipulados y sacados de contexto”, y ha negado trabajar para el PSOE. Según ha declarado en medios de comunicación, se considera “víctima de una conspiración policial y fiscal” y asegura tener un equipo de 17 personas dedicado a desencriptar grabaciones del excomisario Villarejo.
Por otro lado, el PSOE ha abierto un expediente disciplinario a la militante Leire Díez tras conocerse que intentó, sin éxito, recabar datos comprometedores sobre el teniente coronel Antonio Balas a cambio de supuestos favores políticos.
En declaraciones realizadas a El País, el Gobierno español sostiene que “no existen pruebas de que la UCO esté actuando como un bloque contra el Ejecutivo”, pero confiesa que pone en cuestión el comportamiento de algunos de sus integrantes. De hecho, la gestión de la situación ha generado malestar dentro del PSOE con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que algunos acusan de “falta de control”, mientras que otros lo defienden por su “trayectoria como juez” y por “su resistencia a los ataques de la derecha”.
El reciente nombramiento de Aina Calvo al mando de la secretaria de Estado de Seguridad, con perfil político y vinculación directa con el partido, ha sido interpretado como un intento de reforzar el peso del PSOE en un ministerio tradicionalmente sensible.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elevado el tono acusando a Sánchez de ser un “capo de la mafia”, mientras en su partido crece la convicción de que el desgaste del Gobierno será continuo hasta el final de la legislatura. Por ello ha elegido Feijóo la movilización callejera en lugar de una moción de censura, pese a la presión del entorno de Ayuso y de sectores que reclaman una respuesta parlamentaria aún más firme. Aznar advierte que no es el momento de presentar la moción, y llama a la paciencia de cara a las elecciones generales de 2027.
El recuerdo de las mociones de González en 1980 o Sánchez en 2018 resuena en el momento político, pero el líder popular no quiere apostarlo todo a una moción de censura y salir derrotado antes de su cita congresual; especialmente, teniendo en cuenta que las relaciones con Junts están tensionadas tras la presión política del PP en Bruselas por el no a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea, así como por anteriores conflictos políticos. El objetivo de la movilización, por tanto, parece ser contener a Vox, marcar perfil frente a Ayuso y ganar tiempo, más que ofrecer una alternativa de Gobierno inmediata.
Al mismo tiempo, el clima político madrileño se enrarece también fuera del Parlamento. Las tensiones entre grandes grupos mediáticos, la batalla interna en el sector eléctrico tras el apagón y los movimientos discretos en la industria militar contribuyen a un escenario opaco, con señales de descomposición en la gestión institucional. La ausencia de un discurso claro por parte de Moncloa alimenta la percepción de un vacío, en el que el poder se negocia entre despachos, pasillos y grandes medios de comunicación.
La desafección institucional y el desgaste de los partidos se proyectan en Madrid. La capital, una ciudad acostumbrada al ruido político, ha vivido un final de mayo especialmente convulso. La política institucional parece suspendida en una especie de tregua tensa, donde todos miden cuidadosamente sus pasos, pero nadie logra imponerse en una posición de autoridad. En este contexto, las próximas semanas serán decisivas para saber si el gabinete de Sánchez consigue recuperar el control sobre el discurso público o si la fragmentación del poder se profundizará en el seno del Estado.
