La Mesa de la Cámara italiana suspende a 32 diputados por protestar contra un acto neofascista en el parlamento
Sanciones de hasta cinco días de empleo y sueldo a los parlamentarios que bloquearon una conferencia sobre "remigración" de CasaPound en sede parlamentaria, permitida por la mayoría de derechas.
La Mesa de la Cámara de los Diputados de Italia, controlada por la mayoría de derechas, ha ejecutado una sanción administrativa contra 32 parlamentarios del bloque opositor que impidieron un acto neofascista el pasado 30 de enero. Según recoge el diario Il Manifesto, el órgano rector ha decretado la suspensiñon de funciones para 22 diputados del Partido Democrático (Pd), Movimiento 5 Estrellas (M5S) y Alianza Verdes e Izquierda (Avs), quienes recibieron cinco días de castigo por situarse en el banco de la presidencia de la sala de prensa para bloquear una conferencia sobre la "remigración". Otros 10 parlamentarios han sido sancionados con cuatro días por apoyar la protesta desde los asientos del público.
El conflicto se originó cuando el diputado de la Lega, Domenico Furgiuele, intentó introducir en la Cámara a cabecillas de organizaciones abiertamente fascistas como CasaPound, Veneto Fronte Skinheads y la Rete dei Patrioti para presentar una campaña de expulsión masiva de migrantes. Ante la entrada de estos grupos en el parlamento, los diputados de la oposición ocuparon el espacio leyendo artículos de la Constitución italiana. Stefano Vaccari, miembro de la Mesa de la Cámara por el Pd, ha denunciado que esta resolución premia a los fascistas y castiga a los antifascistas, señalando que el castigo es desproporcionado comparado con los dos días que suelen imponerse por actos de violencia física en el hemiciclo.
La decisión institucional ha envalentonado a las organizaciones fascistas, a las extraparlamentarias, concretamente. Luca Marsella, portavoz de CasaPound, ha advertido que "volverán pronto al Parlamento" y ha atacado a los representantes de la izquierda afirmando que "violaron el reglamento". Este avance de los grupos neofascistas coincide con una estrategia de la formación gubernamental Fratelli d’Italia para normalizar conceptos racistas, como demuestra la reciente presentación del informe "Inmigración, islamización y ascenso de las sociedades paralelas" en las mismas salas parlamentarias, bajo el lema "dueños en nuestra propia casa".
El aparato jurídico y administrativo de la Cámara muestra así una doble vara de medir en la gestión de la ética pública. Mientras se suspende a quienes defendieron el carácter antifascista de la República, la misma Mesa ha votado esta misma semana a favor de un "escudo procesal" para la exdiputada Giusy Bartolozzi en el marco del caso Almasri, relacionado con la entrega de un ciudadano a torturadores libios. Según las fuentes consultadas por Il Manifesto, el procedimiento sancionador fue "irregular e inútil", ya que el Colegio de Cuestores ya había decidido las penas antes incluso de escuchar las alegaciones de los parlamentarios acusados.
Este endurecimiento de la disciplina contra la protesta en sede parlamentaria supone, según los afectados, una legitimación de los neofascistas por parte del Estado. La sanción no solo implica una purga política temporal de los escaños de la oposición, sino que establece un precedente donde la simbología y los portavoces del fascismo del "tercer milenio" obtienen libre acceso a las instituciones para difundir sus mensajes mientras se criminaliza el uso de la Constitución como herramienta de resistencia civil en sede parlamentaria.
