El tiempo medio de espera para operaciones en la sanidad pública ha aumentado un 70% en 20 años
El deterioro de la sanidad pública y la precariedad disparan las bajas laborales a niveles récord: el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social registró una prevalencia de 53,7 procesos de incapacidad por cada 1.000 trabajadores.
La incapacidad temporal por contingencias comunes —aquellas que el sistema no reconoce como de origen profesional para evitar responsabilidades empresariales— marcó en 2025 un nuevo máximo histórico en el Estado español. Según los datos provisionales difundidos por el ministerio que dirige Elma Saiz, la prevalencia media alcanzó los 53,7 procesos por cada 1.000 personas asalariadas, lo que supone un incremento respecto a los 51,1 registrados en 2024. Este aumento de la morbilidad entre la clase trabajadora ha supuesto un desembolso de 18.400 millones de euros de las arcas públicas durante el último ejercicio, evidenciando el impacto material de la degradación de las condiciones de vida y de salud.
Este repunte de las bajas laborales se produce en un contexto de colapso de la sanidad pública, donde el tiempo medio de espera para ser operado ha aumentado un 70% en las últimas dos décadas. Los datos indican que el porcentaje de personas que aguardan más de seis meses para una intervención quirúrgica casi se ha triplicado en este periodo, lo que alarga los procesos de recuperación y cronifica las dolencias de los trabajadores, según recuerda El País. La falta de inversión en el sistema público de salud actúa así como un mecanismo que transfiere la ineficiencia institucional al gasto en prestaciones por desempleo e incapacidad, mientras la patronal y los sindicatos mayoritarios discrepan sobre las causas de este fenómeno.
La respuesta del Gobierno de coalición ante esta situación límite se ha centrado en el "diálogo social", aunque sin medidas efectivas que reviertan la tendencia. Hasta el momento, las políticas acordadas se limitan a otorgar una mayor participación a las mutuas patronales en la gestión de las bajas por patologías musculoesqueléticas, una medida que el sindicato CCOO y la patronal CEOE ven de forma distinta. Mientras la administración dice buscar "atajar el problema", las soluciones propuestas no logran el consenso necesario debido a la contradicción de intereses entre el mantenimiento de la productividad empresarial y la protección de la salud de quienes trabajan.
El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social no ha logrado implementar nuevas reformas que reúnan el apoyo suficiente de la patronal, UGT y CCOO para frenar esta tendencia al alza. El estancamiento de las negociaciones y la inacción institucional se encuentran de frente con la realidad material de miles de trabajadores que enfrentan esperas hospitalarias récord mientras su salud se deteriora bajo ritmos de trabajo crecientes que escurren ganancias empresariales récord. El conflicto refleja la tensión entre la necesidad del capital de reducir los costes derivados de la incapacidad temporal y la incapacidad del Estado para garantizar un acceso rápido y eficaz a la sanidad pública tras décadas de recortes y privatizaciones encubiertas.
