Denuncian a la dirección de CAF ante la Fiscalía por el tranvía de Jerusalén

Una coalición de organizaciones de la sociedad civil registró el pasado 18 de febrero una denuncia ante la Fiscalía contra el Consejo de Administración de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y los directivos de seis de sus filiales. Las entidades impulsoras, entre las que se encuentran NOVACT, la Comunitat Palestina de Catalunya, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, ODESCA, Paz con Dignidad y SUDS, sostienen que la empresa tiene una implicación estructural en la construcción, operación y mantenimiento del Tren Ligero de Jerusalén (JLR). Según el texto de la denuncia, esta infraestructura conecta los asentamientos israelíes en Jerusalén Este ocupada con Jerusalén Oeste, lo que refuerza su integración y crecimiento.

La participación de la empresa con sede en Beasain (Gipuzkoa) se remonta a 2019, cuando se integró en un consorcio junto a la firma israelí Shapir. El escrito presentado por el Centro Guernica 37, que representa a los denunciantes, detalla que CAF no realiza una colaboración puntual, sino que se encarga de ampliar la Línea Roja, construir la Línea Verde y suministrar los trenes y sistemas de señalización. Además, la compañía opera y mantiene ambas líneas mediante una empresa conjunta en la que ostenta el 50% de la participación, con contratos que se extienden entre 15 y 25 años. Para las organizaciones, este papel es "indispensable" para el funcionamiento de un sistema que profundiza la fragmentación de los barrios palestinos.

La base jurídica de la denuncia se apoya en que la actividad de CAF podría encajar en preceptos del Código Penal español relativos a crímenes contra personas protegidas en conflictos armados. En concreto, los denunciantes señalan que la empresa contribuye presuntamente al "traslado de población civil de una potencia ocupante al territorio ocupado" y al mantenimiento de "prácticas discriminatorias e inhumanas" contra la población palestina, vulnerando la Cuarta Convención de Ginebra. Al ser CAF una empresa con sede en el Estado español y cuyos directivos poseen nacionalidad española, las entidades subrayan que la jurisdicción estatal tiene la obligación de investigar estos posibles delitos contra el derecho internacional humanitario.

Las organizaciones advierten que la dirección de CAF ha mantenido su actividad a pesar de las reiteradas advertencias sobre los riesgos legales del proyecto. De hecho, la empresa inauguró la ampliación de la Línea Roja el 9 de marzo de 2025 y, en septiembre de ese mismo año, Naciones Unidas incluyó a CAF en su base de datos de empresas vinculadas a actividades en asentamientos ilegales de Israel, pero la Fiscalía no ha investigado a la empresa hasta ahora. Ante estos hechos, la coalición exige que la Fiscalía, que ha confirmado la apertura de una investigación después de la denuncia interpuesta, traslade el caso a la Audiencia Nacional para determinar la responsabilidad penal de los gestores de la compañía en la consolidación de la ocupación.