La expansión económica y las políticas de intervención estatal en la República Popular China han logrado una reducción histórica de la pobreza sin precedentes en la era moderna. Según datos del Banco Mundial y registros oficiales del Gobierno chino, el país ha sacado de la pobreza extrema a cerca de 800 millones de personas desde el inicio de las reformas de Deng Xiaoping en 1978. Esta cifra representa más del 70% de la reducción mundial de la indigencia en dicho periodo. La evolución es drástica: mientras que en 1990 la tasa de pobreza extrema superaba el 88% de la población rural, los indicadores del Banco Mundial confirman que en 2022 esta tasa alcanzó el 0% bajo el estándar internacional de 2,15 dólares al día.

La fase final de este proceso se concentró entre 2012 y 2020 con la campaña de Alivio preciso de la pobreza dirigida por el Ejecutivo de Xi Jinping. Durante este periodo, el Estado chino destinó recursos para sacar de la exclusión a 98,99 millones de residentes rurales registrados, eliminando de la lista oficial de pobreza a 832 condados y 128.000 aldeas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China sostiene que, tras esta serie de medidas, la población rural tiene garantizados "alimentación, ropa, educación obligatoria, atención médica básica y vivienda segura", lo que permitió declarar en 2021 la erradicación de la pobreza absoluta.

A pesar del hito estadístico en la base de la pirámide social, la persistencia de la desigualdad marca la agenda actual. Ahora que ha entrado en los estándares de "país de ingreso medio-alto", la realidad es distinta: el 15,2% de la población china vivía en 2024 por debajo de los 8,30 dólares diarios, según el Banco Mundial. Además, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que en 2022 el 3,9% de los habitantes —unos 55 millones de personas— padecía "pobreza multidimensional", una situación donde las privaciones no son solo monetarias, sino que afectan directamente al acceso a la salud y la educación, con una intensidad media de carencias del 41,4%.

Niveles elevados de desigualdad

Las autoridades chinas mantienen actualmente un sistema de monitoreo para aproximadamente 7 millones de personas en riesgo de "vulnerabilidad al retorno", un mecanismo diseñado para evitar que el desempleo o los desastres naturales empujen de nuevo a las familias a la exclusión. El informe económico del Banco Mundial subraya que, aunque la brecha entre la población que vive en el campo y la ciudad se ha reducido, la desigualdad general medida por el coeficiente de Gini se mantiene en niveles elevados (0,36 oficial, aunque otras estimaciones lo sitúan en 0,46). La actual fase de "consolidación y expansión" prioriza el empleo estable para 30 millones de trabajadores de hogares que anteriormente eran pobres, tratando de frenar el impacto de la ralentización del crecimiento del PIB.

19,1% de pobreza relativa

La transición postpandémica enfrenta ahora el reto del envejecimiento demográfico y el agotamiento del modelo de urbanización masiva como motores de ingresos rápidos. Estudios académicos citados por ScienceDirect estiman que la pobreza relativa —aquella que compara los ingresos de un hogar con el nivel medio del país— afecta todavía al 19,1% de la población, siendo especialmente aguda entre las mujeres y los ancianos de las regiones del oeste y el centro. En este contexto, las prioridades presupuestarias se desplazan hacia la denominada "prosperidad común", un intento estatal de fortalecer el consumo interno frente a la inestabilidad mundial y las desigualdades sociales internas derivadas de décadas de crecimiento acelerado.

Mirada al futuro cercano

Hacia 2026, China asegura estar inmersa en lo que denomina como una nueva etapa de “normalización” de la prevención de la pobreza, según el Documento Central Nº 1 y las directrices del 15º Plan Quinquenal. Las autoridades han consolidado un sistema de monitoreo dinámico que, el año pasado, identificó y asistió a más de 7 millones de personas en riesgo de retorno, manteniendo estable el empleo de más de 30 millones de antiguos beneficiarios de programas de alivio. La estrategia de “prosperidad común” busca ahora no solo prevenir recaídas, sino expandir de forma sostenida el grupo de ingresos medios, mejorar el acceso a servicios públicos de calidad (educación, salud y cuidados de larga duración) y vincular el crecimiento de los ingresos con el aumento de la productividad. Aunque el envejecimiento demográfico, la ralentización del crecimiento y las disparidades regionales suponen desafíos de primer orden para Pekín, esta estrategia representa una evolución lógica desde su punto de vista: pasar de la erradicación masiva de la pobreza extrema a la asentar su modelo económico, que priorice la calidad sobre la velocidad y amortiguar las desigualdades sobre la mera expansión cuantitativa.