La brecha entre el crecimiento de los beneficios empresariales y la remuneración de la clase trabajadora en ha alcanzado niveles históricos en el Estado español. Según los datos de la Contabilidad Nacional del INE y las series de Eurostat, el índice de beneficios reales por empresario se situó en 136 puntos en 2024 (tomando 1995 como base 100), mientras que el índice de salarios reales apenas alcanzó los 103 puntos. Esta diferencia de 33 puntos evidencia que, mientras las grandes empresas y propietarios han incrementado sustancialmente su capacidad de acumulación, la clase trabajadora ha sufrido un estancamiento casi total de su poder de compra durante las últimas tres décadas, con "subidas" que apenas llegan al 5% desdefrente al 31% de la OCDE, mientras la presión fiscal e inflacionaria sobre el trabajo alcanza máximos históricos.

Esta divergencia no es un fenómeno coyuntural, sino una tendencia estructural que viene de atrás. En el año 2000, la brecha entre ambos indicadores era de apenas 2 puntos; sin embargo, tras la crisis de 2008 y la posterior aplicación de reformas que profundizaron el proceso de empobrecimiento de la clase trabajadora, mientras el capital aceleró su captación del producto social. Para 2012, en plena fase de recortes del gasto social, los beneficios ya superaban en 18 puntos a los salarios, una distancia que se ha duplicado en la última década. Los empresarios han logrado esto gracias a la reducción de derechos laborales, donde la productividad generada por los trabajadores, que crece el doble que los salarios, ha sido transferida directamente a los márgenes de beneficio empresarial.

El sector financiero ha jugado un papel determinante en este escenario de "des-redistribución". Según los registros de la Seguridad Social (RETA) y la Contabilidad Nacional, el Excedente Bruto de Explotación (EBE) nominal de la economía española ha pasado de los 190.000 millones de euros en 1995 a los 654.000 millones estimados para 2024. Este incremento masivo de la masa de beneficios se produce en un contexto donde el número de autónomos y pequeños propietarios se mantuvo relativamente estable (de 3,2 a 3,38 millones) hasta hace poco lo que confirma una mayor concentración de la renta en la cúspide de la pirámide socioeconómica.

En comparación con el resto de la Unión Europea, el Estado español destaca por su agresividad específica contra las rentas del trabajo. Mientras que en la UE-27 la brecha de poder adquisitivo se sitúa en 25,5 puntos, en el Estado español escala hasta los 33. Los datos demuestran que las políticas de "competitividad" aplicadas por los sucesivos Gobiernos se traducen en sacrificar las condiciones de vida de la mayoría social, consolidando un marco donde el crecimiento económico solo se traduce en bienestar para los propietarios de los medios de producción, sin repercusión en el bienestar de la mayoría social.