Cuatro mineros de la explotación Mina Miura, en Tormaleo (Ibias, Asturies), inician este miércoles una marcha a pie hasta la Junta General del Principado en Uviéu si el empresario Fernando Martínez, dueño de Carbones La Vega, no abona de inmediato la deuda salarial que mantiene con la plantilla. Los trabajadores, que cumplen trece días encerrados a 300 metros de profundidad, reclaman el pago de diez nóminas y dos pagas extraordinarias pendientes. Según informaron el sindicato SOMA-FITAG-UGT y los propios mineros a medios como El Comercio y Radio Laciana, la situación ha colocado a varias familias "en una situación límite".

El conflicto laboral se hizo patente después de que el nuevo propietario, que adquirió los derechos de explotación minera el pasado octubre con el compromiso de liquidar las deudas y reiniciar la producción, incumpliera reiteradamente los plazos de pago. Santiago González, uno de los encerrados, denunció que la mina "tiene licencia y carbón", y sostuvo que la explotación es "rentable", por lo que proponen que las instituciones releven al empresario y "le den la mina a un administrador". Los trabajadores señalan que el dueño de la empresa es "el único problema" para la continuidad industrial de la zona.

Las condiciones del encierro han provocado un progresivo desgaste físico en los huelguistas debido a la humedad constante y el frío bajo tierra. José María Pérez relató a Radio Laciana que "apenas se duerme porque el frío te despierta" y que la salud del grupo empieza a verse afectada tras casi dos semanas bajo tierra. Por su parte, el sindicato SOMA calificó de "absolutamente inadmisible" que se mantenga este impago prolongado, lo que consideran una vulneración flagrante de los derechos laborales más básicos.

"Solo buenas palabras del Gobierno de Asturias"

La respuesta de la administración regional se ha limitado, hasta el momento, a una "propuesta de sanción de 3.000 euros" para la empresa y la suspensión de funciones del director facultativo "por seis meses", tras una inspección técnica que cuestionó las condiciones de seguridad durante la protesta. Los mineros critican que del Gobierno de Adrián Barbón (FSA-PSOE) solo han recibido "buenas palabras" y exigen "hechos" e implicación efectiva para evitar el cierre definitivo de la explotación minera.

La marcha hacia Uviéu, que cuenta con el apoyo de numerosos vecinos y familiares que permanecen en el exterior de la mina, busca denunciar el "abandono histórico" de las cuencas mineras y defender el futuro industrial del suroccidente asturiano. Los derechos mineros de esta explotación fueron vendidos por la familia del empresario Chus Mirantes, propietario también de la mina de Zarréu, donde una explosión de grisú mató a cinco trabajadores en marzo del año pasado, suceso que continúa bajo investigación judicial.