Uber Eats reconoce que debe 110 millones por los 60.000 falsos autónomos
La multinacional del reparto cede ante la amenaza de una demanda penal por parte del Ministerio de Trabajo y asume el impago de las cotizaciones sociales tras pasarse años vulnerando la ley impunemente.
La plataforma digital de reparto Uber Eats ha reconocido por escrito una deuda de 110 millones de euros con la Seguridad Social en concepto de cotizaciones sociales no abonadas. Según recoge elDiario.es, esta cifra corresponde a la actividad de 60.000 trabajadores a los que la empresa impuso la figura de falsos autónomos para no pagar las cuotas de protección social y los derechos propios de un contrato asalariado. Fuentes cercanas al proceso informaron a Europa Press, la multinacional asume ahora la cuantía que le reclamaba la Inspección de Trabajo tras negarse a cumplir la norma vigente durante años.
La regularización forzosa de la plantilla se produce después de que Trabajo amenazara expresamente con activar la vía penal contra la dirección de Uber Eats si persistía en el incumplimiento de la denominada Ley Rider. Esta norma, que entró en vigor en agosto de 2021, obliga a las plataformas de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores y repartidoras, basándose en la presunción de laboralidad ya ratificada por el Tribunal Supremo en septiembre de 2020. La empresa, que anunció en enero su intención de dejar de operar con autónomos, se enfrenta así a las consecuencias de su modelo de negocio basado en transferir riesgos hacia los trabajadores y el ahorro de costes en derechos laborales básicos.
La investigación que ha forzado este reconocimiento fue abierta por la Inspección de Trabajo en julio del año pasado para revisar el modelo de contratación de la plataforma. Las pesquisas concluyeron el pasado marzo con la reclamación formal de los 110 millones de euros y el alta de oficio de los 60.000 trabajadores afectados. El endurecimiento de las responsabilidades penales, que ya contempla condenas de prisión en casos similares como el de la empresa Glovo, ha sido el factor determinante para que Uber Eats abandone finalmente su estrategia de confrontación con la legislación laboral.
La compañía no ha desistido hasta que no se han puesto estas medidas de fuerza sobre la mesa. A pesar de que la ley establecida tras un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, CCOO y UGT, y las patronales CEOE y Cepyme, empresas como Uber Eats han mantenido esquemas de explotación que la Inspección ha reconocido finalmente como fraude masivo. El pago de la deuda supone una recuperación parcial de los fondos públicos que la empresa dejó de ingresar en el sistema de seguridad social mientras mantenía a miles de personas en una situación de precariedad administrativa y económica. Este paso marca un precedente jurídico significativo en la lucha contra la impunidad de las corporaciones digitales que operan mediante plataformas para desmantelar el salario indirecto y los sistemas de protección social.
