El 19% de los diputados del PSOE son multipropietarios y una veintena se lucra con el alquiler

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso sostiene una estructura de propiedad inmobiliaria que sitúa a la mayoría de sus miembros como beneficiarios directos del mercado de la vivienda, situándose por encima del patrimonio medio del Estado español, con los hogares sin vivienda en propiedad aumentando un 63% en la última década. Sin embargo, la realidad inmobiliaria del partido gobernante es muy diferente: según los datos de las declaraciones de bienes analizados por Público en abril de 2026, y contrastados en el Portal de Transparencia del Congreso, aproximadamente 103 de los 121 diputados del PSOE poseen al menos una vivienda. Esta acumulación de inmuebles se traduce en un total de 207 inmuebles declarados por el grupo, en medio de un contexto altamente especulativo y dificultades de acceso para la mayoría trabajadora.

La posición rentista destaca en 23 de estos representantes, el 19% del grupo, que operan como multipropietarios al declarar tres o más viviendas. El caso de mayor volumen es el de María Mercè Perea i Conillas, diputada por Barcelona, quien declara 13 viviendas localizadas en Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Castelldefels y Castelló. Perea, la segunda parlamentaria con más inmuebles de toda la Cámara, afirma percibir "18.415 euros anuales" por el arrendamiento de sus propiedades, además de los 101.392,76 euros que cobra anualmente como diputada, según los registros oficiales. Al sumar sus rentas inmobiliarias a su salario público, sus ingresos anuales alcanzan los 119.807 euros. Esta cifra supone casi ocho veces el Salario Mínimo Interprofesional en el Estado español y cuadriplica el salario más frecuente, consolidando una posición material de élite rentista de la alta política profesional.

Junto a Perea, otros cargos del PSOE mantienen patrimonios que superan ampliamente la media social. El diputado valenciano Vicent Sarrià declara cinco viviendas y participaciones en comunidades, mientras que María Luz Martínez también posee cinco inmuebles. Por su parte, Rafael Simancas declara cuatro viviendas en Madrid. Esta tendencia hacia la acumulación de activos inmobiliarios y el rentismo en las filas del partido gobernante afecta también a la jefatura del Ejecutivo; el propio Pedro Sánchez declara dos viviendas en Madrid y percibe unos ingresos por arrendamiento que Telemadrid cifra en "12.845 euros" en sus últimas declaraciones de bienes.

La actividad económica derivada del alquiler de inmuebles implica a una veintena de diputados del PSOE, lo que supone casi una cuarta parte del grupo es rentista. Estos datos, recopilados por medios como El País, La Razón y los buscadores de RTVE/Newtral, indican que una parte significativa de los legisladores que deben "regular el mercado de la vivienda" son, simultáneamente, rentistas que se benefician del mismo. Aunque las declaraciones de bienes hacen referencia a la "buena fe" de los diputados y no siempre detallan si las fincas están vacías, confirman que solo 19 diputados del PSOE declaran carecer de vivienda en propiedad.

Este nivel de posesión inmobiliaria entre los representantes del PSOE refleja una desconexión material con la realidad material cotidiana de la clase trabajadora. Mientras el parque de vivienda declarada por el grupo incluye segundas residencias, herencias, plazas de garaje y rentas del alquile, el acceso a la vivienda para la mayoría de la población se ve dificultado por el encarecimiento de los precios, tanto del alquiler como de la compra.

Aunque el porcentaje de multipropietarios en el PSOE (19 %) es menor que el registrado en el PP y en Vox (alrededor del 24-25 %), se trata del partido que ocupa la jefatura del Gobierno y que, por tanto, tiene la principal responsabilidad de elaborar y aprobar las políticas de vivienda que afectan al conjunto de la población, abriendo un debate sobre la contradicción entre la posición legislativa y los intereses patrimoniales privados de una parte significativa de sus representantes.