La Audiencia Nacional anula una multa de 10.000 euros a Falange y el Gobierno autoriza su manifestación
El tribunal considera legítimo exaltar el fascismo, el PSOE les permite marchar en el centro de Madrid y antifascistas impiden su entrada en Lavapiés.
La Audiencia Nacional española ha dictado una sentencia firme que anula la sanción de 10.001 euros impuesta por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a La Falange (FE) tras sus actos de exaltación fascista en noviembre de 2022. Según recoge el diario El País, la magistrada del juzgado número 12 de lo Contencioso-Administrativo argumenta que “España no es una democracia militante” y que la apología de hechos históricos, “por reprobables que sean”, constituye un “juicio de valor protegido”, en referencia a crímenes fascistas. El fallo judicial establece así que la exhibición de simbología, cánticos y estética de la dictadura franquista solo es sancionable si existe una “finalidad o efecto dirigido” a causar dolor, concluyendo que la humillación a las víctimas debe ser “intencionada” y no puede cometerse por “simple descuido”.
Simultáneamente a este aval judicial, la Delegación del Gobierno en Madrid dictó una resolución que autorizaba la manifestación de Falange para este viernes bajo el lema "Frente a su invasión: Remigración". A pesar de que los carteles de la convocatoria difunden mensajes contra la población migrante y exigen su expulsión, el organismo liderado por el PSOE ha optado por no cancelar la marcha. La institución se ha limitado a “modificar el itinerario previsto” para que los falangistas ocuparan puntos de gran afluencia como la plaza de Callao, la calle Preciados y la Puerta del Sol, garantizando la visibilidad de su retórica racista en el centro de la capital.
El Partido Comunista de España-Madrid Centro (PCE) exigió formalmente que se prohibiera la marcha al considerar que las proclamas de "remigración" violan el artículo 510 del Código Penal sobre delitos de odio. En una misiva remitida al Delegado del Gobierno, la formación —integrante del Ejecutivo a través de Sumar e Izquierda Unida— reclamó que “cese la pasividad institucional” y denunció que permitir este desfile “no es un ejercicio de tolerancia democrática, sino complicidad con el fascismo”. Pese a la denuncia de su socio de coalición por la vía administrativa, el Gobierno español ha mantenido la autorización que permite a la organización fascista ocupar el espacio público.
La sentencia de la Audiencia Nacional que exonera a Falange considera que las marchas del 20-N fueron “lícitas” al no haber sido prohibidas en su momento por la Administración. La magistrada reprocha además que la ley de Memoria Democrática “carece de rango orgánico” y no puede afectar al “núcleo esencial” del derecho de reunión de los fascistas. Por su parte, La Falange celebró el fallo como una “derrota de la Secretaría de Estado” y una “victoria de la libertad de expresión”, advirtiendo que su objetivo final es la derogación de la escueta legislación sobre memoria histórica en vigor.
Ante la autorización gubernamental de la marcha racista, los movimientos sociales y colectivos antifascistas de Madrid llamaron a ocupar la plaza de Tirso de Molina este viernes a las 19:30 horas. Bajo el lema Fuera racistas de nuestros barrios, la convocatoria logró impedir la presencia de la organización fascista en la zona frecuentada por la comunidad migrante y colectivos antifascistas.
