Bruselas regala 4.000 millones de euros en derechos de emisión a la gran industria
La Comisión Europea propone aumentar el reparto gratuito de permisos para contaminar hasta 2030.
La Comisión Europea propuso este lunes incrementar la concesión gratuita de derechos de emisión de CO2 a las grandes industrias durante los próximos cuatro años. La medida, que confirma los borradores internos filtrados la semana pasada, supondrá una transferencia de valor indirecta valorada en 4.000 millones de euros (4.700 millones de dólares) que las empresas dejarán de abonar por sus niveles de polución. Con esta medida, el Ejecutivo comunitario cede a las presiones de los grupos de presión industriales que exigen reducir sus costes operativos para mantener sus márgenes de beneficio en un contexto de estancamiento económico.
El sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, diseñado teóricamente para "encarecer la contaminación y forzar la transición tecnológica", funciona con la compra obligatoria de permisos. Sin embargo, la nueva propuesta de Bruselas asegura que la gran industria seguirá recibiendo de forma gratuita permisos que cubren, de media, el 75% de sus emisiones totales. La Comisión justifica esta decisión por la supuesta "pérdida de competitividad" de las empresas europeas, asumiendo el discurso patronal que supedita la protección del medio ambiente a la rentabilidad del capital privado.
La medida aprobada por la Comisión implicará que se eleven los umbrales de referencia para asignar estos derechos gratuitos, especialmente en lo que respecta a las emisiones indirectas. Según los cálculos de la propia institución, el impacto financiero de esta relajación normativa ahorrará a las corporaciones unos 4.000 millones de euros entre 2026 y 2030. Estos fondos, que en un sistema de subasta pública podrían revertir en la financiación de servicios públicos o infraestructuras de mitigación, se quedan en los balances de resultados de las compañías del sector pesado y energético.
La Comisión adoptará formalmente estos nuevos baremos a finales de junio, integrándolos en una revisión más amplia del sistema prevista para julio. La propuesta incluye también la creación de "indicadores de referencia de reserva" específicos para cada sector, lo que fragmenta la regulación y permite a los lobbies del sector negociar condiciones más ventajosas. Esta reforma sigue la tendencia de las últimas décadas de proteger la acumulación de capital con excepciones legales y ayudas indirectas, evidenciando los límites de la llamada "fiscalidad verde" cuando esta choca con los intereses de los grandes monopolios industriales.
En la práctica, esta transferencia de fondos públicos —en forma de derechos de propiedad sobre la atmósfera no cobrados— supone un subsidio encubierto a la producción contaminante. Mientras la población afronta los efectos del cambio climático y el encarecimiento de los suministros básicos, las instituciones europeas garantizan que las empresas con mayores tasas de emisión reduzcan sus costes de cumplimiento normativo.
