El 63% de los mayores con dependencia severa carece de atención pública efectiva
La desinversión institucional obliga a las familias, y especialmente a las mujeres, a sostener cuidados informales que supondrían entre el 3,6% y el 4,7% del PIB del Estado español.
El sistema público de cuidados en el Estado español mantiene una exclusión estructural masiva que deja fuera a la mayoría de la población vulnerable. Según el informe El derecho del cuidado y la economía de los cuidados en España, presentado este mismo lunes por el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) de la Universidad de Salamanca, el 63,1% de las personas mayores de 65 años con limitaciones severas para su vida diaria no recibe ninguna prestación efectiva del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Esta brecha de desatención se dispara hasta el 72,4% si se tiene en cuenta a cualquier persona con algún grado de limitación, lo que supone que más de 900.000 mayores quedan desamparados por la administración.
La insuficiencia del sistema público de dependencia, cuya gestión recae en las Comunidades Autónomas bajo el marco de una ley estatal de 2006, se traduce en una transferencia masiva de la carga de cuidados hacia el ámbito privado e informal. Los autores del estudio, situado en el proyecto IBERLONGEVA, cifran el precio de estos cuidados no remunerados —ejercidos mayoritariamente por mujeres— entre el 3,6% y el 4,7% del Producto Interior Bruto (PIB). En términos de fuerza de trabajo, este esfuerzo invisible de las mujeres equivale a 3,2 millones de empleos a tiempo completo, una cifra que evidencia cómo el Estado descansa sobre la explotación del tiempo y la salud de las familias para no asumir el coste real de la reproducción social.
Las instituciones imponen además una carrera de obstáculos burocráticos que termina vulnerando los derechos de las personas dependientes. A pesar de que la ley establece un máximo de seis meses para la resolución de expedientes, las demoras medias actuales rozan el año de espera. A inicios este año, más de 285.000 personas permanecen atrapadas en las listas de espera del Imserso. Incluso para quienes logran acceder a los servicios, la precariedad es la norma: el 28% de los beneficiarios considera que los apoyos recibidos son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.
16.000 millones de euros adicionales para la universalidad del sistema
Nacho Álvarez, codirector del informe y exsecretario de Estado de Derechos Sociales, señaló en la presentación en el Círculo de Bellas Artes que el Estado español ha construido su bienestar sobre sanidad y pensiones, pero que "la cuarta pata, los cuidados de larga duración, no ha avanzado al mismo ritmo". Por su parte, Jorge Uxó, también codirector del trabajo, destacó la necesidad de ver el gasto en esta materia como "un proyecto de país". Los investigadores calculan que serían necesarios 16.000 millones de euros adicionales hasta 2030 para alcanzar la universalidad del sistema, una cifra que el Estado evita comprometer mientras el sector de los cuidados se mantiene marcado por la precariedad laboral, con salarios entre un 35% y un 45% inferiores a la media, una altísima temporalidad y una feminización casi absoluta. Además, la realidad actual del sector sigue definida por residencias masificadas —donde el 75% de los usuarios comparte habitación— y una red asistencial que, lejos de garantizar el derecho al cuidado, profundiza las desigualdades de clase.
