La CGT demanda a Interior por el espionaje de los Mossos d’Esquadra en una asamblea docente
El sindicato denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que la infiltración de agentes vulnera derechos fundamentales como la libertad sindical, de expresión y el derecho a huelga.
La sección de enseñanza del sindicato CGT ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el Departamento de Interior de la Generalitat, liderada por Núria Parlon i Gil (PSC). La demanda judicial responde a la infiltración de dos agentes de los Mossos d’Esquadra en una asamblea de trabajadores de la enseñanza celebrada el pasado 6 de mayo en el Instituto Pau Claris de Barcelona. Según denunció la organización sindical en una conferencia de prensa ante varios medios catalanes, las agentes de policía acudieron de paisano y se presentaron falsamente como docentes para monitorizar el encuentro sin identificarse en ningún momento como funcionarios de los cuerpos policiales.
La secretaria general de CGT Ensenyament, Laura Gené, manifestó la "preocupación" del sindicato ante las explicaciones de la consellera de Interior, Núria Parlon, y del director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, quienes calificaron la operación de "error". Gené señala que estas declaraciones institucionales no buscan proteger los derechos de la población, sino "la imagen de los Mossos d'Esquadra", y criticó que el Govern siga sin dar explicaciones sobre el origen de la orden ni sobre los indicios que supuestamente la justificaban. Para el sindicato, el relato oficial sugiere que esta práctica de espionaje no es un hecho aislado, sino una "decisión política grave".
La defensa jurídica de la CGT, representada por la abogada Mireia Salazar, detalló que la infiltración supone una vulneración directa de la libertad sindical y el derecho de huelga de los asistentes. Por este motivo, el sindicato exige al Departamento de Interior que entregue el expediente administrativo completo para identificar quién ordenó la operación y bajo qué condiciones se priorizó el argumento del "mantenimiento del orden público" por encima del ejercicio de derechos fundamentales. Este recurso supone la primera acción judicial de este tipo, aunque otras organizaciones como USTEC-STEs y la Intersindical han manifestado su intención de emprender medidas similares.
Ante la sospecha de que el espionaje policial sobre la actividad sindical sea una práctica sistemática, la abogada informó de que han registrado una solicitud dirigida a la Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra. En dicho requerimiento, el sindicato exige la documentación relativa a posibles infiltraciones policiales en reuniones, asambleas y movilizaciones de la CGT durante los últimos diez años. La organización vincula este espionaje con una estrategia de vigilancia masiva contra la disidencia social y los movimientos que organizan la respuesta de la clase trabajadora frente a las políticas de la administración.
Este conflicto político, que ahora adopta una forma jurídica, se produce en paralelo a unas revelaciones de La Directa sobre el uso reiterado de los aparatos policiales autonómicos para monitorizar a organizaciones políticas y sindicales contestatarias. La documentación interna de la propia policía autonómica, revelada recientemente, demuestra que el espionaje a sedes de la CGT, la CNT-AIT y la CUP ha sido un método de actuación estructural durante dos décadas. La denuncia de la CGT contra el Departament de Interior pone de relieve la contradicción entre la retórica "democrática" de las instituciones y la realidad concreta de una vigilancia policial constante sobre el derecho de autoorganización de la clase trabajadora.
